Un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3%, hasta los 1.000 euros en catorce pagas en 2022, tendría un impacto negativo sobre el empleo de los próximos dos años. Como consecuencia del encarecimiento salarial, se verían afectados entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo, entre destruidos y no creados, según estudio de la empresa de recursos humanos Randstad y la patronal Cepyme.
Más de la mitad de esta destrucción de empleo podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis de la COVD-19.
El mayor peligro se concentra en los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería y el comercio, indica el informe, que recuerda que el aumento del 5,3% del SMI para 2022 supondría un incremento acumulado de más del 52,6% desde 2016.
En este sentido, Cepyme y Ranstad advierten que “las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen”.
El documento llama la atención también sobre el hecho de que una parte importante de las comunidades autónomas ya cumplen el objetivo que se supone persigue el Gobierno al elevar el SMI: que el salario mínimo suponga el 60% del salario medio del territorio. En concreto, un incremento del SMI del 2% para este año (969 euros en 14 pagas) dejaría en una proporción superior a ese porcentaje a 12 de las 17 comunidades y estaría por encima del 73% en dos de ellas.
Nuevo SMI 2021, como proporción del salario medio (2020) por CCAA
Fuente: Randstad Research
Hay que tener en cuenta que España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo– entre 2016 y 2021 (47,7%). Por delante solo tiene a Rumania y Lituania, y multiplica por cinco y por diez los aumentos promedio de Alemania o Francia, respectivamente.
En este sentido, Cepyme recuerda que el incremento del SMI “es competencia exclusiva del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y, como se recoge en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo, todavía en tasas inferiores a las del período precrisis; la productividad y la evolución del IPC que, aunque presenta un incremento del 3,3%, hay que recordar que se está comparando con 2020, un año fallido desde el punto de vista económico, con paralización de la actividad y caídas de los precios continuadas durante varios meses”.
Aumento acumulado del SMI de 2016 a 2020 en la UE
Fuente: Randstad Research
