Esta semana se ha servido la polémica en recursos humanos. El anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, de que su equipo estudia que se puedan «autojustificar» las bajas de hasta tres días por enfermedad leve, dejaba fuera de juego a los agentes sociales. El objetivo de la ministra es reducir la burocracia vigente en la atención primaria y evitar el colapso de los médicos de familia. Sin embargo, esta propuesta es transversal: afecta a Empleo, a Seguridad Social y a las empresas. Y deja fuera a la mesa de diálogo social.
La propuesta de las autobajas requiere un pase previo por el diálogo social y haber conversado con patronales y organizaciones sindicales. No podemos olvidar que, en muchos colectivos, faltar tres días al trabajo es causa de despido. Además, estos tres primeros días de baja no están cubiertos por la Seguridad Social. Son por tanto las empresas las que corren con ese gasto según sus convenios aprueben la cobertura total, sólo la primera vez o no lo cubren.
El anuncio de la ministra se ha producido en el contexto de la crisis que se está produciendo en los centros de atención primaria por el repunte de los casos graves de gripe, que se suman a los del persistente COVID. En este sentido, el director de estudios laborales de USO, José Luis Fernández, ha confirmado a ORH que es un planteamiento voluntarista e improvisado. «Resolver un problema asistencial derivado de una crisis epidémica, con medidas que inciden directamente en el ámbito laboral, debería realizarse con algo más de profundidad y reflexión».
El Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por Incapacidad Temporal (IT) en los primeros 365 días de duración. En él se establece que el médico que reconoce al enfermo es quien debe emitir el parte de baja, sin especificar si se trata del médico hospitalario, de familia, de urgencias o privado». Fernández, añade: «¿El siguiente paso será pasar del autodiagnóstico a la automedicación? Si uno se puede diagnosticar a sí mismo para no ir a trabajar, podrá recetarse la correspondiente cura para volver al trabajo?. Y si se produce un error en el diagnóstico y la cosa va a más, ¿Quién tendrá la responsabilidad?».
Una «tapadera» para el absentismo
Más allá de las cuestiones médicas, la propuesta les pasa la pelota a las empresas. El sistema de «declaración responsable» que tendría que presentar el trabajador para justificar su ausencia laboral, parte de una doble premisa: la confianza en el trabajador, por parte de la empresa; y la responsabilidad del empleado, que evitaría abusos indeseados. ¿Es esto posible en un país como España? Las bajas por IT suponen anualmente la pérdida de 1.700 millones de horas de trabajo, entre una media de 16,1 millones de asalariados; un coste para las empresas de 31.000 millones de euros y para la Seguridad Social, de 10.800 millones.
Es cierto que la tasa de absentismo laboral en España está en la media europea. Después de dispararse en 2020 a un 7,1% a causa de la pandemia, en 2021 se situó en el 6,6%, la segunda cifra más alta de la serie histórica. Esto significa que, cada día, cerca de un millón de trabajadores no acuden a trabajar por enfermedad. En el ranking europeo, a la cabeza de la lista están Francia (18,1%), Suecia (16,2%) y Austria (15,0%), y a la cola, Rumanía (2,5%), Malta (3,3%) y Bulgaria (4,4%).
Sin embargo, si bajamos al detalle, las mayores cifras de absentismo se producen en aquellos países donde la cobertura salarial «o de carencia» de los tres primeros días de IT corre a cargo de las empresas. A la vista de los datos, cabría pensar que el modelo de «declaración responsable» que justifique una ausencia breve al puesto de trabajo, puede convertirse en una «tapadera» legal para el absentismo. ¿Podemos permitirnos un aumento de bajas injustificadas? ¿Cómo impactaría en la ya tan maltrecha productividad?
- Sin periodo de carencia: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia y Rumanía.
- Con periodo de carencia: Austria, Chipre, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Portugal, Suecia, República Checa y Reino Unido.
La innovación como alternativa
Quizá la respuesta a la polémica esté en la digitalización. Está claro que hay que agilizar las consultas médicas de familia y solucionar la sobre carga de los profesionales sanitarios. Pero no parece que dejar en manos de la ciudadanía el autodiagnóstico, y su consiguiente impacto en el absentismo y la productividad sea la solución.
Las videollamadas, por ejemplo, son un sistema que evita el desplazamiento de la persona enferma al centro de salud y permite el diagnóstico médico. Dotar a los sanitarios de personal e instalaciones con videoconferencia es una línea de trabajo innovadora y de éxito probado en el ámbito sanitario, por lo que sólo habría que adaptarlo.
En la pandemia, por ejemplo, se instaron sistemas que permiten la supervisión médica por videollamada, incluyendo la emisión de recetas e incluso, la realización de lagunas pruebas a distancia. Todas estas medidas mejorarían el servicio sanitario, evitarían el colapso en momentos críticos como las oleadas de gripe y no sería un campo abonado para el fraude en el ámbito laboral.
