La falta de un tratamiento efectivo contra el Covid hace que algunos de los síntomas que provoca, como la fatiga crónica, la fibrosis pulmonar, la miocarditis o los problemas articulares y musculares, se tornen crónicos con el tiempo. Y no sólo sucede con las dolencias físicas; las psicológicas (apatía o depresión) o ciertas habilidades como la memoria, el habla o la escritura, se pueden ver afectadas y prolongarse «sine die«.
Más de 4,7 millones de personas han pasado el Coronavirus en España durante el último año y medio. De todas ellas, se estima que entre un 10 y un 20 por ciento sufren secuelas a largo plazo, derivadas de la enfermedad. Estas secuelas forman parte del conocido como Covid Persistente, un mal que ya ha sido reconocido como enfermedad y que, en muchos casos, impide poder volver a llevar una vida normal.
Para los expertos, la cronificación de los efectos de la enfermedad puede ser motivo de reconocimiento de incapacidad laboral, pero la realidad es que la Administración Pública está optando mayoritariamente por dar de alta a la mayor parte de enfermos de Covid persistente sin concederles ningún tipo de pensión por incapacidad laboral al finalizar el período máximo de incapacidad laboral temporal. “Las premisas para que las secuelas de una enfermedad sean causa de incapacidad laboral permanente es que sean consideradas como permanentes y que hayan provocado limitaciones anatómicas o funcionales graves”, explica Lorenzo Pérez, presidente del Grupo Fidelitis. Pérez considera que estas premisas “encajan con lo que están padeciendo muchos de los enfermos diagnosticados de Covid Persistente”.
Lo novedoso y desconocido del Covid persistente es que se trata de una patología nueva sobre la que no existe jurisprudencia alguna. Pero desde Fidelitis consideran que es absolutamente factible lograr ese reconocimiento “porque la legislación española se basa en las secuelas, no en diagnósticos, y muchas de las secuelas son ya reconocidas como causa de incapacidad. Esto hará que los Tribunales de Justicia nos den la razón, como ya pasó con la fibromialgia en su día –comenta Lorenzo-. Justo ahora es cuando se están cumpliendo los 18 meses de período máximo de baja que marca la Ley para los primeros infectados en España y, como de momento no hay tratamientos, terapias o cirugías que hagan pensar que las secuelas puedan desaparecer en un futuro cercano, a la finalización, deberían estar desembocando en incapacidad laboral permanente en el grado que a cada uno le corresponda en función del nivel de afectación, su profesión, etc.».
Detrás de esa decisión también está el hecho de que la mayoría de los abogados cobran los honorarios por adelantado y sin garantía de éxito, lo que reduce mucho el número de enfermos que se atreven a enfrentarse a la Administración. Por ello, desde Fidelitis recomiendan contar con profesionales que, como ellos, solo cobren en caso de ganar y realicen estudios de viabilidad que permitan saber, de antemano, si se tiene derecho a la prestación.
