Cuando hablamos de empleo en España, el foco suele ponerse en los grandes sectores industriales. Sin embargo, existe un ámbito imprescindible para el funcionamiento cotidiano del país y que parece hacerse visible solo cuando ocurre una crisis, como ocurrió durante la pandemia o en episodios extremos como la DANA: los servicios esenciales intensivos en personas.
La limpieza de instalaciones, la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio, la restauración colectiva, el mantenimiento de edificios, las actividades deportivas, la inclusión laboral o la atención al cliente son actividades que millones de ciudadanos utilizan cada día. Servicios que sostienen la vida diaria, permiten la conciliación y garantizan el acceso a derechos básicos.
En conjunto, estos sectores generan más de 30.000 millones de euros de facturación anual, aportan más del 2,25% del PIB y dan empleo a más de 1,5 millones de personas, en su mayoría mujeres. A pesar de ello, su sostenibilidad laboral se enfrenta hoy a retos estructurales que requieren una reflexión profunda desde el ámbito de los recursos humanos.
Empleo de calidad y servicio de calidad: dos caras de la misma moneda
Desde la experiencia en la gestión de personas, hay una certeza incuestionable: no puede haber servicios de calidad sin empleo de calidad. La estabilidad de las plantillas, la formación continua, la profesionalización de los equipos y unas condiciones laborales dignas son determinantes para ofrecer un buen servicio, especialmente cuando hablamos de atención directa a personas.
En los servicios esenciales, esta relación es especialmente evidente. La calidad de un servicio de dependencia, de limpieza hospitalaria o de atención domiciliaria depende en gran medida de la continuidad de los profesionales, de su motivación y de su capacidad para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas. Cuando el empleo se precariza o se vuelve inestable, el impacto se traslada de forma inmediata al ciudadano.
Por eso, el debate sobre el empleo en estos sectores no puede abordarse únicamente desde la óptica salarial. Necesita una visión estructural, que tenga en cuenta cómo se financian los servicios, bajo qué marco contractual se prestan y qué margen real existe para mejorar las condiciones laborales de forma sostenida.
Los servicios esenciales presentan una particularidad clave: entre el 80% y el 90% de sus costes están vinculados directamente a los salarios. Cualquier cambio en materia laboral —subidas salariales, cotizaciones, reducción de jornada o nuevas obligaciones normativas— tiene un efecto inmediato sobre la viabilidad de los contratos.
A esta realidad se suma otro elemento crítico: una parte muy relevante de estos servicios se presta a través de contratos públicos de larga duración, adjudicados en contextos económicos muy distintos a los actuales.
Desde la perspectiva de los recursos humanos, este desajuste genera una tensión constante. Las empresas quieren avanzar hacia mejores condiciones laborales, pero lo hacen en un marco que no permite absorber ni trasladar esos incrementos de costes, lo que limita la planificación, la inversión en personas y la estabilidad del empleo.
La Ley de Desindexación: un freno a la sostenibilidad del empleo en los servicios esenciales
En este contexto, la Ley de Desindexación, aprobada en 2015, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad del empleo en los servicios esenciales. Una norma concebida en un escenario de crisis económica que hoy impide revisar los precios de los contratos públicos incluso cuando se producen incrementos relevantes de costes laborales o cambios normativos.
El impacto es claro: según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, casi el 30% de los concursos públicos quedan desiertos. Desde una óptica de RR. HH., esta cifra refleja un problema estructural que limita la capacidad del sector para ofrecer empleo estable y de calidad.
Si los contratos no son sostenibles, las empresas tienen menos margen para invertir en formación, mejorar condiciones laborales o reducir la rotación. Y sin esas palancas, la calidad del servicio acaba deteriorándose.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) forma parte de este contexto. Su incremento responde a un objetivo legítimo de mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Sin embargo, en sectores intensivos en empleo y altamente regulados, cualquier mejora salarial necesita ir acompañada de mecanismos que permitan hacerla viable en los contratos públicos.
El reto no es elegir entre salarios dignos o servicios sostenibles. El reto es hacer compatibles ambos objetivos, evitando que políticas bienintencionadas generen efectos no deseados sobre el empleo y la prestación de servicios esenciales.
Un consenso necesario para avanzar
Lo más relevante es que este diagnóstico es compartido. Asociaciones empresariales y organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de reformar el marco de contratación pública para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios y, a partir de ahí, avanzar en la mejora de las condiciones laborales.
Desde alianzAS defendemos que reformar la Ley de Desindexación no es una reivindicación sectorial, sino una condición necesaria para proteger el empleo de calidad en actividades que sostienen la vida diaria de millones de personas. Cuidar el empleo en los servicios esenciales es cuidar de quienes los prestan y de quienes los reciben. Y eso, en última instancia, es una responsabilidad colectiva como país.
