Casi dos millones de personas en edad de trabajar tienen reconocida una discapacidad en España. Con una tasa de actividad que apenas supera el 35% y otra de empleo que no llega al 28%, la discapacidad es la minoría más “mayoría” del mundo. También es la máxima expresión del talento diverso porque se expresa con capacidades que superan limitaciones y aportan lo que la sociedad y las empresas necesitan: competencias, habilidades, tesón y compromiso.
La Ley General de Discapacidad, que armoniza en un único texto legal la LISMI (1982), la LIONDAU (2003) y la Ley de Infracciones y Sanciones (2007), obliga a las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores (cómputo total de empleados) a cumplir una cuota de reserva de contratos laborales sobre el total de la plantilla de, al menos, el 2%. Dicha cuota está reservada para personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que, por lo tanto, tengan un certificado de discapacidad.
En este contexto, las organizaciones pueden optar por integrar talento con capacidades diferentes a través de sus procesos de reclutamiento y selección o identificar el que ya tienen incorporado con programas como «Afloramiento», que ayuda a los empleados con situaciones personales o familiares susceptibles de beneficiarse de las ayudas y apoyos que la legislación española contempla.
