Por Santiago Sáenz Hernáiz, profesor asociado de Derecho Administrativo de la UB y responsable de servicios para el sector público de Adlanter- El sector público en España vive un momento de cambios drásticos. La Ley 20/2021, diseñada para estabilizar el empleo en el sector público, es un paso adelante en la lucha contra la temporalidad, una problemática que afecta a cientos de miles de trabajadores en diversas áreas de la administración pública. Sin embargo, este proceso plantea también nuevos desafíos y dudas, tanto para los empleados temporales como para los funcionarios interinos.
Con la reforma en marcha y los procesos de estabilización avanzando, el personal interino y temporal se enfrenta a un conjunto de posibles escenarios tras los exámenes y pruebas de acceso. Pero, ¿qué ocurre con quienes no logran superar estas pruebas? ¿Cuál es su situación legal y económica? Queremos dar voz a las principales repercusiones de los procesos de estabilización en las relaciones laborales de estos empleados y las compensaciones que pueden recibir.
La relación de servicios en este ámbito público puede extinguirse por tres motivos:
- Por no presentarse al proceso selectivo.
- Por no cumplir con los requisitos mínimos para participar.
- Por no alcanzar una calificación adecuada en las pruebas.
*Aunque una persona apruebe, si su calificación final no le da acceso a la plaza, su contrato también se extingue.
Teniendo en cuenta y partiendo de la base de estas posibles situaciones, el hecho de no superar el proceso selectivo supone la extinción de la relación de los servicios. Para el personal funcionario esto significa el cese en su puesto, regulado por el artículo 10.3 del TREBEP. En el caso del personal laboral, el contrato de trabajo se considera finalizado en base al artículo 49.1.b del Estatuto de los Trabajadores, sin que se clasifique como despido en términos convencionales.
La cuestión de la indemnización ha sido otro de los temas más discutidos en este contexto. La resolución de cese o de extinción del contrato de trabajo en este escenario deberá incluir la compensación económica de 20 días por año (a no ser que no se tenga derecho, una cuestión que ha sido ampliamente debatida en nuestros tribunales) Una cuestión que se analiza de forma muy extensa en este e-book en el que se amplía este tema y se comentan las diferentes situaciones en las que se puede ver envuelta una persona una vez finalizados los procesos de estabilización del sector público.
