La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha manifestado su profunda preocupación ante la aprobación en el Congreso de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que en su redacción actual deja fuera del reconocimiento como entidades de la Economía Social a los Centros Especiales de Empleo (CEE), fundamentales para el empleo de personas con discapacidad en España.
Actualmente, los CEE dan trabajo a más de 145.000 personas, de las cuales 122.000 tienen discapacidad, lo que supone cerca del 84% de sus plantillas, muy por encima del 70% exigido por la normativa. En el caso de los centros asociados a CONACEE, el porcentaje asciende al 90,33%, evidenciando el carácter social del sector. Dentro del conjunto, los CEE de iniciativa empresarial representan más del 68% del total, con más de 82.000 empleos, de los cuales 69.000 corresponden a personas con discapacidad. Son precisamente estos centros los que quedarían excluidos con la actual ley.
Una exclusión que debilita el modelo
“Resulta paradójico que una ley que pretende impulsar la Economía Social deje fuera precisamente a una parte esencial del principal motor de empleo para las personas con discapacidad”, señaló Albert Campabadal Blanco, presidente de CONACEE. “La inclusión no depende de fórmulas jurídicas, sino de resultados reales y contrastados durante más de cuatro décadas”.
Campabadal advirtió que esta exclusión supone debilitar un modelo probado, con eficacia social, sostenibilidad económica y capacidad para generar oportunidades reales de integración laboral. “Hablamos de personas con grandes dificultades para integrarse en el ámbito laboral, de proyectos de vida y cohesión social, no solo de estructuras empresariales”.
Impacto en el empleo de las personas con discapacidad
CONACEE alerta de que, si la norma no se corrige en el Senado, podría provocar la pérdida de miles de puestos de trabajo, especialmente en los centros más pequeños. Esto conllevaría un aumento del gasto público en prestaciones y políticas pasivas de empleo. La organización advierte también de que la ley profundiza en una brecha jurídica que genera diferencias de trato, distorsiona la competencia y pone en riesgo la estabilidad del sector, afectando a decenas de miles de trabajadores con discapacidad.
Llamamiento al Senado
Ante este escenario, CONACEE hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que el Senado actúe como cámara de segunda lectura útil y permita introducir mejoras que preserven la unidad del modelo de empleo protegido.
“Aún hay margen para rectificar y para construir un consenso que refuerce, y no debilite, uno de los principales instrumentos de inclusión sociolaboral de nuestro país”, señaló Campabadal, quien reiteró la disposición de la Confederación al diálogo institucional “desde la responsabilidad, la discreción y el compromiso con las personas con discapacidad”.
