En un entorno marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de las relaciones laborales, la formación continua se convierte en un imperativo para los operadores jurídicos. La actualización constante no solo garantiza un asesoramiento adecuado a empresas y personas trabajadoras, sino que también refuerza la capacidad del sistema para responder con solvencia a los nuevos desafíos normativos y sociales.
El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida (ICGSBGLL) celebró la segunda sesión de las X Jornadas Laboralistas sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social. En la bienvenida, Jaume González, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, subrayó: “El Colegio está desplegando un gran esfuerzo formativo. Vivimos en una sociedad tecnológicamente muy avanzada y esto repercute sobre las relaciones sociales, puesto que cada vez son más complejas. Los operadores jurídicos tenemos que afrontar este reto y actualizarnos constantemente para asesorar correctamente a las empresas y a las personas trabajadoras”.
Reformas legislativas y retos normativos
La primera ponencia estuvo a cargo de Miguel Arenas, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, quien analizó la intensidad de las reformas en materia laboral y de seguridad social.
“La falta de coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Trabajo y Economía Social está duplicando normativas y esto dificulta el trabajo de las personas que trabajan en este ámbito”, señaló.
Arenas reconoció además que: “Los operadores jurídicos, en algún momento, nos hemos visto desbordados ante tantos cambios normativos en poco tiempo”.
Entre los ejemplos citó modificaciones en permisos de nacimiento, complemento de maternidad y jubilación.
Jurisprudencia y seguridad jurídica
Rosa María Virolés, magistrada emérita de la Sala IV del Tribunal Supremo, repasó sentencias recientes en materia de Seguridad Social, aportando ejemplos prácticos de los cambios normativos.
Por su parte, Consuelo Chacartegui, catedrática de la UPF, destacó la relevancia del principio de seguridad jurídica: “El principio de seguridad jurídica es un elemento esencial para garantizar un marco normativo claro, previsible y estable”.
Alertó sobre la falta de precisión de la normativa española, que permite jornadas de hasta 60 horas semanales y recordó que el Comité Europeo de Derechos Sociales ya lo ha señalado. Además, explicó que el TJUE ha fijado tres criterios (autoridad, profesional y espacial) para definir el tiempo de trabajo efectivo: “El registro de jornada es una herramienta esencial para garantizar el principio de seguridad jurídica”.
Mesa redonda: medios alternativos de solución de conflictos
Con motivo del centenario de la profesión, se celebró una mesa redonda sobre los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), moderada por Montserrat Cerqueda, decana del ICGSBGLL. Participaron Ramón Borjabad, Jordi García y Sara Pose.
Borjabad destacó: “Los MASC son fundamentales porque contribuyen a la descongestión de los tribunales y a la resolución de rápidas disputas”.
García añadió que su desarrollo requiere conocimiento, estrategia y confianza. Pose, por su parte, subrayó: “Para poder conciliar es clave que las dos partes se escuchen y se hagan propuestas mediadoras para intentar acercar posturas. La clave es ver cómo se aborda el conflicto. En nuestro país, la mediación todavía no está generalizada y no se usa todo lo que sería necesario”.
Perspectiva europea
La jueza del TJUE y presidenta de la Sala 5ª, Maria Lourdes Arastey, centró su intervención en la necesaria coherencia entre el derecho europeo y el nacional: “El derecho de la Unión Europea y el de los países miembros tienen que estar en perfecta sintonía. No puede existir disconformidad entre el derecho de un país y el que marca la UE, puesto que esto puede comportar problemas al estado miembro en cuestión”.
Recordó además que el derecho de la Unión Europea se aplica a todas las ramas jurídicas.
Clausura y conclusiones
La decana Montserrat Cerqueda, junto a Carlos Hugo Preciado (CGPJ) y Ramón Espadaler (Generalitat de Cataluña), cerraron las jornadas.
Cerqueda agradeció la participación y repasó las principales conclusiones. Preciado afirmó: “Las jornadas laboralistas son referentes en materia de justicia social. La profesión de graduado y graduada social es imprescindible por el buen funcionamiento del sistema. Desde el Consejo General del Poder Judicial somos conscientes de las carencias que tenemos, en muchos casos por falta de inversión, pero estamos trabajando para conseguir una justicia más eficiente y efectiva”.
Espadaler concluyó: “Trabajamos para tener un servicio público de justicia más eficiente. Vivimos en un momento de cambios, pero también de oportunidades, como, por ejemplo, el convenio de colaboración firmado con el colectivo de graduados sociales por el servicio de orientación jurídica gratuita”. Recalcó además la necesidad de más unidades judiciales en Cataluña para responder con mayor rapidez a las demandas ciudadanas.
