Patria, Minerva y María Teresa Mirabal nacieron en Ojo de Agua, en la provincia dominicana de Salcedo.
El 25 de noviembre de 1960, mientras se dirigían a Ciudad del Puerto a visitar a sus maridos encarcelados, fueron interceptadas por el Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Trujillo y llevadas a una plantación de cañas de azúcar. Allí, tras ser brutalmente torturadas, fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en un acantilado. Su asesinato sacudió profundamente al país y fueron muchos los que, a pesar del clima de represión, expresaron su indignación por el brutal asesinato de tres mujeres valientes e inocentes.
El 25 de noviembre de 1981, con ocasión del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, el Delegado de la República Dominicana propuso que se estableciera esa fecha como día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en memoria de las tres hermanas Mirabal. Con la resolución 54/134 de 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Si bien desde entonces mucho hemos avanzado, gracias al esfuerzo y la lucha de activistas que han derivado en conquistas sociales y políticas, hoy más que nunca el tema de la violencia contra las mujeres necesita gozar de un rol central en el debate cultural y político de los Estados.
Si bien los hombres son los más afectados por el Covid-19 en lo que respecta al número de infecciones y muertes, somos las mujeres las que pagamos el precio más alto por los «efectos secundarios» de la pandemia. Y ello con el consiguiente riesgo de ver cercenados los logros de las últimas décadas. Esto es lo que detalla el informe “From Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19”, emitido por ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Qué dice el Informe sobre el “Gender Gap”
El impacto económico y laboral de la emergencia sanitaria mundial será devastador para todos, pero sin duda afectará más a las mujeres, explica el informe, ya que normalmente tenemos menos seguridad profesional, ganamos menos y por lo tanto tenemos menos capacidad de ahorro que los hombres.
En el sector no estructurado, el más afectado por los cierres y confinamientos, las trabajadoras son más numerosas, así como en los sectores de actividad más afectados por la pandemia, como el turismo, los servicios, el comercio. Un panorama aún más oscuro es el de los países en desarrollo, donde el 70% de las mujeres están empleadas en el sector no estructurado.
Al no participar en la fuerza de trabajo formal, un porcentaje muy elevado de mujeres trabajadoras se ven privadas del acceso al seguro médico, la maternidad, las prestaciones por desempleo y enfermedad, las pensiones. Esto le ocurre al 80% de las mujeres en Asia, empleadas en el sector informal no agrícola, al 74% de las mujeres en el África subsahariana y al 54% en América Latina y el Caribe: ellas son las que pagarán el precio más alto de la pandemia.
Así, los números del Informe arrojan una serie de datos nada reconfortantes: en global, son 740 millones de mujeres las que trabajan en la economía sumergida, a menudo en condiciones de explotación. En la economía «oficial», la brecha de género es abrumadora: en el grupo de edad de entre 25 y 54 años, el 94% de la fuerza de trabajo está compuesta por hombres y el 63% por mujeres. Otro triste récord: por cada 100 hombres que viven en la extrema pobreza, hay 125 mujeres.
En promedio, para el mismo puesto de trabajo, una mujer gana una media de un 16% menos que sus colegas varones, alcanzando en algunos casos hasta un 35%. Mientras que el 72% de los hombres tiene una cuenta bancaria, lo mismo se aplica a sólo el 65% de las mujeres. Además de los millones de empleos perdidos, la pandemia ha supuesto un aumento exponencial de las horas no remuneradas que las mujeres dedicamos al cuidado de familias, niños y ancianos. En América Latina, el valor del trabajo no remunerado de las mujeres representa alrededor del 15,2% del PIB del Ecuador y hasta el 25,3% del PIB de Costa Rica.
Hemos sido las mujeres las que hemos estado la vanguardia en el cuidado de los enfermos dentro de las familias, en el acompañamiento de los niños en la educación a distancia debido al cierre de las escuelas, en el “reemplazo” de los maestros y profesores, tanto en el aprendizaje como en el juego.
De media, cada día una mujer dedica 4,7 horas a las tareas domésticas en comparación con las 1,7 horas de los hombres. La contribución de la mujer a la salud y la atención médica en el hogar representa el 2,35% del PIB mundial, unos 1,5 billones de dólares. Particularmente penalizadas por el cierre de escuelas han sido las niñas y adolescentes, más involucradas en las tareas domésticas que sus compañeros varones, especialmente si viven en países en desarrollo, en aldeas remotas y rurales, o en condiciones de discapacidad. La ONU advierte que muchos de ellas corren el riesgo de abandonar la escuela al final de la pandemia.
Son muchos los frentes que necesitan atención, apoyo y mejoras para la erradicación de la desigualdad de género. Sin embargo, se debe promover y empezar por alguno de ellos. Es el caso de algunas normativas y reglamentos en España, como las modificaciones normativas en materia laboral realizadas por el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, que se ha enfocado en las medidas de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.
De este modo, se ha determinado la obligatoriedad de los Planes de Igualdad en las empresas, presionando a las empresas a crear o adaptar su Plan hasta un plazo del 14 de octubre de 2021.
Artículo escrito por Letizia Bisignano Robledo, abogada área Civil. AGM Abogados.