La Confederación alianzAS, que agrupa a asociaciones y empresas de servicios esenciales con más de 1,5 millones de trabajadores y un peso del 2,25% en el PIB, ha advertido que el borrador SMI impulsado por el Gobierno y los porcentajes planteados por los sindicatos podrían elevar hasta un 20% los costes laborales en sectores altamente dependientes de mano de obra. Este impacto se derivaría de la prohibición de compensar pluses y complementos, el efecto en otras partidas salariales vinculadas y el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para alianzAS, este escenario comprometería la viabilidad de servicios esenciales como la atención domiciliaria, la dependencia, la limpieza, la restauración colectiva o la inclusión laboral. La organización subraya que muchos de estos sectores operan bajo contratos públicos de larga duración, regulados por la Ley de Contratos del Sector Público, lo que les impide actualizar precios para absorber los incrementos.
El resultado podría ser el abandono de contratos, pérdida de empleo y deterioro inmediato de servicios básicos para millones de ciudadanos.
Petición de diálogo técnico con el Gobierno
Ante esta situación, la Confederación reclama la modificación de los artículos más problemáticos del borrador SMI y propone abrir una mesa de diálogo técnico con el Ejecutivo para garantizar un desarrollo normativo “realista, aplicable y compatible con la calidad de los servicios esenciales”.
“El objetivo es constructivo: adaptar el texto para proteger tanto a las personas trabajadoras como a los servicios que vertebran el día a día de la ciudadanía”, señala Javier Sigüenza, presidente ejecutivo de alianzAS.
Inseguridad jurídica y contradicciones con el Estatuto de los Trabajadores
alianzAS advierte que el borrador introduce cambios en la estructura del salario que, según el Estatuto de los Trabajadores (ET) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, solo pueden regularse por ley. El texto plantea excluir complementos salariales del cómputo del SMI, pese a que la doctrina vigente obliga a incluirlos. Para la Confederación, esto supondría “crear un salario mínimo ficticio” y abriría la puerta a conflictos judiciales y disparidad de interpretaciones. Además, recuerda que el artículo 27 del ET faculta al Gobierno para fijar la cuantía del SMI, pero no para alterar su estructura ni el régimen de compensación y absorción. Tampoco la Directiva europea que se transpone exige estos cambios.
Efectos sobre la negociación colectiva y la planificación empresarial
El borrador invade el ámbito de la negociación colectiva al introducir plazos y procedimientos ya regulados en la ley, lo que podría generar impugnaciones y retrasos en convenios. Asimismo, añade incertidumbre sobre la evolución futura del SMI, dificulta la planificación de costes empresariales y plantea problemas operativos al establecer un salario variable por trabajador, incompatible con los límites legales de inembargabilidad. En conjunto, estos elementos configuran, según alianzAS, “un escenario de elevada inseguridad jurídica con consecuencias directas para miles de empresas y millones de trabajadores de servicios esenciales”.
Sectores más expuestos al borrador SMI
Los servicios integrados en alianzAS —limpieza, mantenimiento de edificios, restauración, atención a mayores y dependientes, servicios deportivos, contact centers, centros especiales de empleo y servicios energéticos— concentran entre el 80% y el 90% de sus costes en salarios. Por ello, cualquier incremento vinculado al SMI tiene un efecto inmediato y multiplicado en su sostenibilidad. La Confederación insiste en que su postura no es de confrontación, sino de colaboración proactiva con las administraciones para evitar que un error técnico en el desarrollo del Real Decreto paralice servicios públicos esenciales.
