Cuando hablamos de personas con discapacidad, el debate público tiende a desplazarse hacia la protección, la ayuda o la asistencia. Estos son conceptos necesarios pero insuficientes, porque, si bien permiten acompañar y garantizar apoyos básicos, no transforman las condiciones de fondo ni aseguran una participación plena en la sociedad. El empleo real, remunerado, estable y adaptado, es la única forma de posibilitar el desarrollo de un proyecto de vida propio y autónomo, con capacidad de decisión, crecimiento y contribución.
En España seguimos arrastrando una brecha estructural en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Apenas un 34% participa en el mercado laboral y, en el caso de quienes tienen mayores dificultades, el empleo efectivo no llega al 20%. Frente a esta situación, los Centros Especiales de Empleo han demostrado, durante más de cuarenta años, que el empleo inclusivo es una realidad tangible que contribuye tanto a la cohesión social, como al desarrollo económico.
Hoy, los CEE dan trabajo a más de 122.000 personas con discapacidad en todo el país y, cada uno de estos puestos constituye una política activa de empleo que funciona. Estos centros reducen la dependencia de ayudas públicas, generan retornos fiscales y, sobre todo, dignifican a las personas. Además, no sustituyen al mercado laboral ordinario, pero sí lo complementan allí donde este no llega, ofreciendo entornos productivos reales, competitivos y adaptados.
Dentro de este modelo conviven centros de iniciativa social y de iniciativa empresarial. Ambos están sometidos a las mismas exigencias legales y cumplen una función social idéntica: emplear, como mínimo, a un 70% de personas con discapacidad. Así, los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial representan más del 68% del total del sector y emplean a más de 69.000 personas con discapacidad, lo que evidencia su peso estructural en el empleo inclusivo en España. En el caso concreto de los centros asociados a CONACEE, el compromiso es aún mayor: el 90,33% de sus plantillas está formado por personas con discapacidad. Por ello, hablar de empleo inclusivo en España sin contar con todos los CEE es, sencillamente, ignorar la realidad.
Por eso resulta profundamente preocupante que el actual Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social pueda dejar fuera a estos centros por una cuestión de forma jurídica. No se trata de un debate técnico ni doctrinal: se trata de empleo. De miles de puestos de trabajo que hoy existen y de muchos otros que podrían no crearse mañana. Excluir a quienes más empleo generan para las personas con discapacidad no fortalece la inclusión, sino que la debilita.
Además, el impacto de esta decisión sería doblemente negativo.
- Por un lado, pondría en riesgo la sostenibilidad de numerosos proyectos empresariales de empleo protegido.
- Por otro, trasladaría a las arcas públicas un coste que hoy se resuelve con trabajo: más prestaciones, más políticas pasivas y menos retornos fiscales. Es difícil encontrar una decisión menos coherente desde el punto de vista económico y social.
El empleo debe ser el eje de cualquier política de discapacidad que aspire a ser transformadora. No podemos permitir que una norma diseñada para impulsar la economía social termine penalizando a quienes llevan décadas demostrando que es posible combinar actividad económica, profesionalización y compromiso social. Cuando el objetivo es integrar, lo relevante no es la forma jurídica, sino la capacidad real de generar oportunidades laborales estables para quienes más lo necesitan.
Desde CONACEE defendemos que allí donde hay empleo estable para personas con discapacidad, hay inclusión real. Todo lo demás son declaraciones de intenciones. Si de verdad queremos avanzar hacia una sociedad más justa, debemos proteger y reforzar todos los instrumentos que generan empleo, sin excepciones ni discriminaciones. El debate no debería centrarse en quién gestiona el empleo, sino en cómo garantizar que ese empleo exista, sea sostenible y llegue a más personas.
