El Decreto Supremo N°44 marca la actualización más relevante en décadas para la normativa chilena de seguridad y salud en el trabajo. La norma reemplaza a los históricos Decretos N°54 y N°40 de 1969, estableciendo un marco moderno, integral y orientado a la gestión preventiva.
A un año de su entrada en vigor, el balance muestra avances formales, pero también brechas significativas que ponen en riesgo el cumplimiento efectivo y la sostenibilidad del sistema.
Enfoque preventivo y obligaciones reforzadas
El D.S.44 introduce obligaciones claras tanto para empleadores como para trabajadores, con un énfasis en la prevención, la participación y la mejora continua. Su propósito es consolidar entornos laborales más seguros, saludables e inclusivos, incorporando principios como la prevención desde el diseño del trabajo y la participación activa de los trabajadores.
“Entre sus principales exigencias, el decreto impone la implementación obligatoria de un SG-SST con elementos documentados, actualizados y verificables, aplicable a empresas de todos los tamaños. Asimismo, incorpora principios como la prevención desde el diseño del trabajo, la participación activa de los trabajadores, y un enfoque de género e inclusión”, explica Daniela Rojo, abogada en Provoste Matamala.
Este enfoque supone un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan sus riesgos laborales, exigiendo una integración real de la prevención en la operación diaria.
Brechas persistentes en la implementación
Aunque muchas organizaciones han realizado ajustes formales, persisten desafíos relevantes en la aplicación práctica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Entre las brechas más frecuentes se encuentran:
- Evaluaciones de riesgo desactualizadas o incompletas.
- Participación limitada de los comités paritarios.
- Falta de integración de la prevención en la toma de decisiones.
- Dificultades para operacionalizar los principios de género e inclusión.
La magnitud de los cambios exigidos por el decreto ha dificultado su adopción, especialmente en empresas pequeñas y medianas con menos recursos técnicos.
Fiscalización intensificada y riesgos de incumplimiento
El D.S.44 está plenamente vigente y su cumplimiento es exigible. La fiscalización —a cargo de la Dirección del Trabajo y las Seremis de Salud— se ha fortalecido, poniendo el foco no sólo en la existencia de documentos, sino en la efectividad real del sistema de gestión.
“El incumplimiento puede derivar en multas administrativas, órdenes de corrección, suspensión de faenas y un aumento significativo de la responsabilidad laboral, civil e incluso penal del empleador frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, advierte Rojo.
Los datos recientes refuerzan la urgencia: según la SUSESO, durante 2024 los accidentes laborales se concentraron en sectores de alto riesgo como construcción, manufactura y transporte, con caídas y sobreesfuerzos como principales causas.
Desafíos prioritarios para los empleadores
A un año de la entrada en vigor del decreto, las organizaciones enfrentan desafíos clave para avanzar hacia un cumplimiento efectivo:
- Implementación real del SG-SST, superando un enfoque meramente documental.
- Disponibilidad de recursos técnicos y competencias especializadas, especialmente en pymes.
- Actualización continua de las evaluaciones de riesgos, incorporando factores psicosociales, nuevas formas de trabajo y enfoque de género.
- Participación efectiva de trabajadores y comités, más allá del cumplimiento formal.
- Integración de la prevención en la gestión del negocio, desde el diseño del trabajo hasta la toma de decisiones.
- Gestión del riesgo legal y fiscalizador, considerando el aumento de controles y responsabilidades.
Un cumplimiento que no admite postergaciones
El D.S.44 representa un avance significativo hacia una cultura preventiva más robusta. Sin embargo, su impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para implementar el sistema de manera efectiva y sostenida. A un año de su vigencia, el llamamiento es claro: el cumplimiento no es sólo una obligación legal, sino un componente estratégico para la gestión de riesgos y la sostenibilidad organizacional.
