Los malos años que se han vivido al frente de las Direcciones de Recursos Humanos no han llegado aún a su fin. Si bien se espera que, con el nuevo año, se active la economía y, con ello, el empleo y la estabilidad, las urgencias del Sistema de Seguridad Social se han encargado de trastocar los planes para la gestión de personas de los próximos años.
Por Josep Ginesta, Director del Área Laboral y Capital Humano de RibéSalat.
Es sabido que, durante los últimos años, una de las herramientas que se han utilizado para fidelizar a los empleados y, en cierta forma, para hacer política retributiva creativa en tiempos de crisis han sido los planes de compensación flexible mediante los que se introducía el concepto de retribución a la carta en las estructuras salariales de las empresas; compensación que pasaba por ampliar el tradicional concepto de beneficios sociales de empresa hacia productos que, por una u otra razón, tenían un mejor tratamiento fiscal y en materia de seguridad social. Ello ha permitido en muchos casos minimizar el impacto negativo de las reducciones de salarios.
Pues el Decreto sorpresa que se publicó el pasado 21 de diciembre se ha encargado de introducir importantes cambios en materia de cotización a la Seguridad Social que hacen que algunos de esos conceptos, hasta ahora exentos, pasen a ser cotizables y, con ello, que tengan un mayor coste -especialmente para las empresas- incrementándose de este modo los costes laborales de los trabajadores que gocen de los mismos. Según nuestras estimaciones, podemos estar ante intrementos de costes de entre 250,00 – 3.000,00 euros anuales por trabajador afectado. Extremo que, por otro lado, parecía poco recomendable en el actual contexto de crisis en el empleo y en la sostenibilidad del mismo.
La reforma afronta una revisión de los conceptos cotizables a la Seguridad Social acotando mucho la tasada lista de los conceptos excluidos. Por un lado, suprimiendo la exención de los pluses de transporte y distancia que se abonan a trabajadores por el desplazamiento de su domicilio al de la empresa, y por otro, eliminando muchos de los conceptos hasta ahora exentos del grupo de las asignaciones asistenciales, entre las que se encontraban, por ejemplo, los tickets restaurante, los comedores subvencionados, los tickets transporte, los cheques guarderia, seguros médicos, entre otros.
La consecuencia lógica de la reforma introducida es un incremento de las bases de cotización de los trabajadores afectados y, por supuesto, de las prestaciones y pensiones a las que puedan tener derecho en el futuro, a un coste relativamente asumible por cuanto los trabajadores abonan sólo el 6,35 % en concepto de su aportación a la Seguridad Social. Pero ello tiene un coste que habrá que valorar hasta qué punto es asumible para muchas empresas, y es que el incremento de las cuotas de Seguridad Social que ello conllevará está haciendo replantearse a muchas de ellas hasta qué punto pueden mantenerse estos sistemas, cuando esto conlleva un incremento mínimo del coste de los mismos del 30,90 % (porcentaje de cotización mínimo que deberá ingresar la empresa sobre dichos conceptos). Ese replanteamiento pasaría por modificar condiciones, por descuelgues de convenios, suprimirlas o, sencillamente, en los casos en que este proceso pueda ser más complejo, en ajustar plantillas para amoldar los costes laborales finales. En otros casos se planteará trasladar dichos conceptos, ahora cotizables, directamente a salario ordinario.
Ello topa, precisamente, con aquella filosofía que impuso la introducción de políticas de incentivo por la vía de los beneficios sociales o retribución a la carta; y de forma quizás más severa que lo que ha ocurrido hasta la fecha en los ajustes, por cuanto estos conceptos son considerados retribución emocional, y piedra angular de las políticas retributivas para muchas empresas.
No podemos dejar de lado que -además- este incremento repentino de costes laborales no es coherente con aquel discurso lanzado desde el Gobierno sobre que se debía aplicar una política de contención de costes laborales (y salariales) para ser más competitivos. Es como si alguien, en este caso, el Estado, se hubiera saltado el guión que estaba escrito y estuviera siendo desleal con lo que se había prescrito hasta la fecha.
Quedará por ver hasta qué punto la medida introducida va a producir un efecto favorable a medio plazo. Es evidente que las medidas afectarán al empleo por el incremento de costes que conllevan. Y también es sabido que el gran problema de nuestro sistema de Seguridad Social proviene del desempleo y de las prestaciones que genera. Quizás, una medida de contención de los costes sociales hubiera sido una medida a estudiar porque, al final, la sostenibilidad del sistema puede conseguirse a través de la mejora de los ingresos -medida propuesta- pero también, y de forma muy razonable, atacando el nivel de gasto en prestaciones de desempleo, favoreciendo que los que no lo tienen puedan tener más oportunidades de tenerlo.
