Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se produce una profunda modificación de los estándares en materia de privacidad. Ahora, se exigirá a las organizaciones públicas y privadas un mayor compromiso de conocimiento en la gestión de los datos y su necesaria integración en sus protocolos de cumplimiento normativo. Cabe destacar que se deberá prestar una mayor atención a aquellos sectores de actividad en los que se traten datos especialmente protegidos, como es el caso de los servicios de prevención ajenos. El incumplimiento de la nueva normativa podría llegar a acarrear sanciones de hasta 20 millones de euros o del 4% del volumen total global del negocio de la compañía, con el evidente y grave perjuicio reputacional que también supondría para la organización.