Desde la crisis financiera de principios del siglo XXI, la exigencia de un buen gobierno en las empresas se ha ido reforzando con una legislación más estricta y exigente. Directivas como MiFID, adoptada en España en 2007, introdujo la necesidad de mejorar la transparencia, la eficiencia y la protección del inversor en el sector financiero. Pero ha sido después de la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigor en 2015, que consolidaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando las empresas han visto la necesidad de contar con un programa de compliance, según ASCOM, la Asociación Española de Compliance.