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Redacción8 febrero 20184min

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“El nuevo reglamento es necesario porque se producen muchas injerencias a la privacidad del usuario”

Apenas quedan cuatro meses para que comience a ser efectivo el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que regulará el tratamiento de datos personales de las personas físicas. Una nueva regulación que aún causa confusión en algunos sectores del tejido empresarial español, especialmente desde que informes, como el de la IDC Research, advirtieran que solo el 10% de las empresas de nuestro país estarían hoy preparadas para ajustarse al nuevo marco normativo europeo.

La firma jurídica Elzaburu, experta en la protección de activos intangibles, ha lanzado un mensaje de calma en relación con la figura del delegado de protección de datos –una de las que se prevén más problemáticas-, recordando que “solo es obligatoria en determinados casos, y su función es la de actuar como intermediario entre la firma y la Agencia de Protección de Datos y de asesorar a la empresa para que pueda cumplir legalmente con los requisitos de esta ley”, que comenzará a aplicarse a partir del próximo 25 de mayo, según palabras de Ruth Benito, Of Counsel de Elzaburu y especialista en la materia.

“Sin duda, una de las grandes novedades del RGPD será el cambio de orientación en cuanto al consentimiento”, explicó la experta, añadiendo que, hasta ahora, en muchos casos la tendencia era la del consentimiento tácito, en el que si un usuario no se oponía en un plazo de 30 días a la utilización de sus datos, estos podían ser tratados. “Ahora, hay un cambio: se va a requerir una acción en sentido afirmativo: una actividad que manifieste la aceptación por parte del usuario, que podrá ser en forma de petición de clic expreso o mediante navegación efectiva; desaparecerán las casillas pre-marcadas”, añadió.

Este Reglamento surge ante la necesidad de reforzar el control de las personas físicas sobre el uso de sus datos, especialmente ante la gran revolución tecnológica de las últimas décadas y que seguirá avanzando, según Ruth Benito, quien considera “obsoleta” la Directiva vigente, del año 95. “No solo el legislador europeo reclama este cambio, también lo hacen las personas, que piden más respeto: ha crecido notablemente la consciencia sobre la protección de la privacidad”, explicó la abogada.

Según Benito, el derecho de portabilidad, uno de los dos que el reglamento incorpora como novedosos, constituirá un “gran reto para las empresas”. “En la práctica creará problemas porque la norma dice en qué consiste, pero no cómo llevarlo a cabo”. Hay datos facilitados por el usuario, mientras que otros se obtienen tras un proceso de trabajo de las empresas. “Para conseguir un equilibrio necesitaremos aún unos años de reajuste”, estimó la experta.

En vistas a seguir analizando este tema, el próximo 23 de febrero la firma Elzaburu celebrará una jornada de trabajo en la que abordará también el secreto industrial y la ciberseguridad, entre otras materias.


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