Íñigo Sagardoy, socio director de Sagardoy Abogados, nos habla de abusos y chantajes en su blog El rincón laboral. Las empresas en ocasiones se encuentran con empleados que quieren causar baja voluntaria, pero piden, como favor, que se les «arregle el paro» o incluso hay quienes fuerzan un despido para conseguir una indemnización y además tener derecho a la prestación por desempleo.
Si la empresa entra en este juego, comete un fraude, al permitir que quien abandona su puesto de trabajo por propia voluntad, perciba una prestación indebida. El dilema existe porque si no se abona una indemnización, la empresa no tiene ningún perjuicio y el empleado consigue su objetivo.
Por otra parte, negarse, en ocasiones provocaba que el empleado descontento inicie un chantaje para conseguir el despido, consiguiendo prácticamente en todos los casos que se declare improcedente, obteniendo sus objetivos.
Esta situación provoca que las empresas no recurran a los tribunales, pues prácticamente siempre dan la razón a los trabajadores, creyendo que la compañía intenta ahorrarse la indemnización.
Lo descrito ha tenido un primer freno en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha declarado procedente el de un empleado realizado por la empresa en una circunstancia de este tipo.
En este caso, la empresa le indicó al empleado que quería irse, que solicitara la baja voluntaria, cosa que reusó. El trabajador entonces, comenzó a cometer fallos, descuidos, imprudencias, incurias y en general actuaciones que sin ser graves, trastornaban de forma reiterada el trabajo.
Con el terreno «abonado», reiteró su interés por ser despedido y cobrar la indemnización legal, a lo que la empresa se negó otra vez. El empleado en su estrategia de forzar la situación, causó baja médica por trastorno de ansiedad y, dos meses más tarde, fue despedido. La carta se fundamenta en el fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas y en disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo efectuado por el empleado.
Como la corriente es fuerte y la inercia en los Juzgados, potente, una primera sentencia declaró improcedente el despido.
Sin embargo, la empresa no cejó en su empeño y ha sido en segunda instancia donde, sorpresivamente, los magistrados apreciaron la realidad de las cosas y declaró procedente el despido.
La razón esgrimida es que los incumplimientos del trabajador, temporalmente surgen a partir y como consecuencia de la negativa a participar en el fraude. La conducta constituye una evidente transgresión de la buena fe contractual dado que, con independencia del posible daño económico que pudiera sufrir la empresa, se vulneró la buena fe depositada en el empleado y la lealtad debida, al configurarse la falta por ausencia de valores éticos. Así, dado que la pérdida de confianza no admite grados de valoración una vez que se rompe el necesario equilibrio en las relaciones laborales impidiendo el restablecimiento, el despido estaba más que justificado.
Al ser una práctica que por desgracia está muy extendida, esperemos que cunda el ejemplo en otros Tribunales y Juzgados y en definitiva, se corrijan situaciones de abuso manifiesto.
