La población con discapacidad en edad de trabajar se encuentra cerca de los 2 millones de personas en España. En 2020 hubo un crecimiento de 56.000 personas (3 %), el segundo crecimiento más importante desde 2014. En los últimos 7 años las personas con discapacidad entre 16 y 64 años han aumentado un 11 % y representan un 6,3 % del total de la población. Sin embargo, la presencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral es muy baja y tan solo el 34 % se encuentra en activo (663.000 personas), según el análisis realizado por la Fundación Randstad y Randstad Research sobre el mercado de trabajo de las personas con discapacidad con los últimos datos disponibles y su evolución desde 2014.
En España, en 2020 había 3,2 millones personas con discapacidad según las cifras publicadas por el INE, repartidas prácticamente por igual entre hombres y mujeres. El 41 % de este colectivo presenta un grado de discapacidad entre el 33 % y el 45 % y la discapacidad osteoarticular, intelectual y crónica está presente en el 63 % de la población con discapacidad.
No obstante, el crecimiento acumulado de las personas activas con discapacidad desde 2014 ha sido del 13 %. El otro 66 % de las personas con discapacidad se encuentra en inactivo por diversas razones, como la incapacidad permanente o la jubilación.
El empleo va creciendo lentamente a lo largo de los años y en 2020 se crearon 30 mil empleos nuevos, situando la cifra total de ocupados con discapacidad (516.000 personas) en la más alta desde 2014. Desde entonces, los ocupados con discapacidad han crecido un 31 % (122.000 personas). En cuanto al número de parados con discapacidad, ha bajado desde 2014 hasta situarse en 147,6 mil personas desocupadas en 2020. La tasa de paro igualmente ha ido disminuyendo hasta situarse en el 22 %, diez puntos menos que en 2014.
La formación como palanca para la empleabilidad
Cuanta más formación tengan las personas con discapacidad, más opciones tienen de emplearse. La tasa de actividad de las personas con estudios superiores (54 %) es casi 20 puntos superior a las personas con discapacidad con estudios medios y 38 puntos superior a aquellas que no disponen de estudios.
Igualmente, la tasa de empleo de las personas con discapacidad con formación superior es la más alta desde 2014 (47 %) y superior a las personas con discapacidad con niveles de estudios inferiores.
Mejora de la afiliación desde 2014
La afiliación recupera la caída del 2020 y se sitúa en 295.828 personas, la cifra más alta desde 2014.
El número total de afiliados con discapacidad vinculados a un contrato bonificado se situó en 2021 en 295.828, la cifra más alta desde 2014 y supera la caída de 2020. Aunque el crecimiento fue del 4,6 % en 2021, no alcanza los niveles de antes de la pandemia.
La afiliación ha estado protagonizada por las mujeres y en 2021 hubo más mujeres afiliadas que hombres. Mientras que el número de hombres con discapacidad afiliados disminuyó un 15 %, las mujeres crecieron un 30 %.
En 2021, la contratación crece un 24 % y se sitúa en 307.885, pero no recupera los niveles de antes de la pandemia.
En 2021, las personas con discapacidad firmaron 59.399 contratos más, situando la cifra total en 307.885. Esta cifra supone un crecimiento del 24% que, a pesar de ser muy alto, no logra superar los niveles de antes de la pandemia.
Los jóvenes con discapacidad son quienes mejor se están recuperando de la pandemia. La contratación de los menores de 25 años solo representan el 7,8 % de todas las contrataciones de las personas con discapacidad, pero son los que más crecen (33 %).
El paro registrado cae un 12,5 % en 2021, el mayor descenso desde 2008. El número de personas paradas con discapacidad se situó en 2021 en 144.931 (-12,5 %) y se sitúa en niveles de 2015.
Los mayores de 45 años con discapacidad son los más afectados por el desempleo: 6 de cada 10 personas con discapacidad demandantes de empleo están en este tramo de edad.
Los miembros de este grupo de edad son, con diferencia, los más afectados por el paro de larga duración. Casi el 60 % de los mayores de 45 años tenían una antigüedad de más de dos años como demandantes de empleo.
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