El informe centra sus conclusiones en las mujeres que atiende diariamente la Fundación Adecco: con discapacidad, mayores de 55 años, con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “tales circunstancias siguen representando dificultades añadidas para acceder con normalidad a un puesto de trabajo. Es habitual que exista un desajuste entre las competencias de estas profesionales y la oferta empresarial, pero sobre todo, siguen pesando los prejuicios y estereotipos que conducen a la discriminación en los procesos de selección y que las exponen directamente a la pobreza y a la exclusión social”.
Según el informe AROPE (at risk of poverty and inclusión), elaborado por EAPN, un 27,1% de las mujeres en España se encuentra en situación de riesgo de exclusión o pobreza, un porcentaje que supera al general, del 26,6% y al de los hombres, del 26%. Partiendo de esta proporción (el índice de pobreza se incrementa en un 1,8% en el caso de las mujeres), podemos hacer una extrapolación para aquéllas que se encuentran en edad laboral, obteniendo como resultado una tasa de pobreza del 29% (4.385.387).
Pero, ¿Qué personas se consideran en riesgo de pobreza y exclusión, según AROPE? Aquéllas que cumplen, al menos, uno de los siguientes criterios:
– Vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de la renta nacional).
– Estar en privación material severa, no pudiendo afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil.
– Vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo (inferior a 0,2), definida como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar y el número total de meses que podrían trabajar, como máximo, todas las personas en edad laboral de dicho hogar.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “Si bien el desempleo sólo se menciona en el último de los 3 indicadores, es el desencadenante de todas las situaciones de pobreza y exclusión social. No parece aventurado señalar que, en este 29% de mujeres en riesgo de pobreza o exclusión social, en edad laboral, predominan las desempleadas de larga duración, aquellas que han agotado todas las prestaciones, trabajan en situación irregular (sin contrato) o permanecen inactivas, con habilidades para el empleo, pero sin trabajar por razones culturales”.
Y aunque que el porcentaje se ha reducido con respecto al año pasado (el 27,9% de la totalidad de mujeres estaban en riesgo de pobreza y el 31% entre aquéllas en edad laboral), el índice de pobreza femenino supera al masculino, por primera vez, desde 2011.
La mujer con discapacidad: un índice de pobreza en aumento
Hemos de partir de la premisa de que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y exclusión más elevado que las que no la tienen. Por un lado, hay que destacar las mayores dificultades que encuentran en su acceso a la formación y al mercado laboral y, por otro, el sobrecoste que supone tener una discapacidad para afrontar los retos de la vida diaria (terapias, tratamientos, adaptaciones, personal de apoyo, etc), tanto en términos de tiempo, como de capacidad económica.
Si además de lo expuesto, la persona con discapacidad es una mujer, se enfrenta a retos añadidos que incrementan sus posibilidades de exclusión: prejuicios, estereotipos, mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad y discriminación, etc.
Observando el histórico de pobreza entre mujeres con discapacidad, se aprecia un comportamiento un tanto anómalo, ya que disminuye en los años profundos de crisis y crece en tiempos de recuperación económica, hasta alcanzar este año un 30,8%. Por el contrario, el índice de pobreza entre los hombres con discapacidad ha disminuido del 33% al 32,4% en el último año (su valor sigue siendo más alto que el femenino por la mayor pérdida de empleo que experimentaron con la recesión y por el menor número de pensionistas del sexo masculino).
El empleo protegido no les preserva de la pobreza
Por otra parte, y a pesar de que la contratación entre las mujeres con discapacidad ha crecido un 15% durante el último ejercicio, hay que tener en cuenta que, según el informe AROPE, el 17,1% de las personas con discapacidad ocupadas siguen siendo pobres. “Ello se debe, en gran medida, a su concentración en Centros Especiales de Empleo (CEE); 7 de cada 10 contratos se suscriben bajo esta modalidad y sólo un tercio se firman en empresas ordinarias. Pese a que los CEE son instrumentos básicos para garantizar la inclusión, se están convirtiendo en una medida finalista, en lugar de constituir un trampolín hacia el mercado de trabajo ordinario, tal como establece la ley. La modalidad de los CEE, en la que al menos un 70% de los empleados tiene discapacidad, presenta retribuciones inferiores a la media y, si se prolonga en el tiempo, se corre el riesgo de que se perpetúe la segregación, ensanchando la brecha con el resto de los profesionales”- destaca Mesonero.
Mujeres mayores de 55: el desempleo crece sólo para ellas
El último año se cerró con cifras positivas para el desempleo femenino, con un 11% menos de desempleadas que en el año 2017. Si desglosamos por edades, observamos cómo este descenso ha sido experimentado por todos los grupos de mujeres, salvo por las que tienen entre 60 y 64 años (su número de activas en búsqueda de empleo ha crecido un 11%) y las que tienen entre 65 y 69 años, que se ha incrementado en una proporción del 69%.
Es destacable, además, cómo en la última década las desempleadas mayores de 55 años se han incrementado en un 147%, contabilizándose hoy 249.700, frente a las 100.900 de 2008. Por el contrario, a nivel general, el incremento del desempleo femenino, con respecto a tiempos precrisis, ha sido mucho menos pronunciado, del 15%.
Así, la fuerza laboral femenina senior (mayores de 55 años) ya representa el 14,4% del total de desempleadas, frente al apenas 7% que suponían en 2008.
