El desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, recientemente aprobada por consenso parlamentario, va a ser determinante para que la norma cumpla sus objetivos de adaptación tanto al nuevo entorno empresarial como a las nuevas modaldades de aprendizaje. Así lo han destacado los ponentes de la jornada celebrada en la sede de CEIM-CEOE, a la que han acudido más de 250 personas en representación de otras tantas entidades de formación, agentes sociales y administraciones públicas.
La jornada, organizada por AMACFOR-CECAP Madrid, ha sido inaugurada por su Presidenta, Mª Jesús Pérez, quien ha recordado que esta ley, “que se ha aprobado con un consenso muy alto”, coloca a los centros de formación “en una situación protagonista” con la que “queremos contribuir a que la formación para el empleo pueda mejorar”.
Una ley para una reforma necesaria
Manuel de la Rocha, Diputado PSOE y ponente de la Ley en el Congreso de los Diputados, ha destacado cómo la nueva norma es una ley de consenso para una “reforma necesaria”. En su opinión, “significa un cambio importante a la vez que mantiene una línea de continuidad de un sistema que tiene más de 20 años de experiencia”. Hasta ahora, según De la Rocha, se había convivido en el modelo formativo con algunas disfunciones (en el marco competencial entre administraciones, falta de planificación o carencias en el modelo de gestión). La nueva ley plantea algunas cuestiones relevantes como el problema de la gobernanza del sistema, el modelo de cheques de formación o la utilización de centros públicos o el de la financiación de la formación.
En este sentido, de la Rocha ha recordado que hasta ahora la formación se financiaba a través de la ley de subvenciones, con la nueva ley se han abierto varias vías para la financiación de la formación. Por una parte “la posibilidad de aplicar la ley de subvenciones se establezcan módulos económicos específicos”. Otra fórmula es a través de la ley de contratos.
Por su parte, Jesús Barroso, Subdirector General de Políticas Activas de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), también ha querido referirse al consenso que ha hecho posible que la norma haya visto la luz: “Ha sido una ley con un altísimo consenso parlamentario, y que también ha tenido un altísimo recorrido, que con el trabajo de muchas personas ha intentado dar respuesta a diferentes sensibilidades e intereses a veces contrapuestos. Es la ley que ha sido posible con amplio consenso. Este amplio consenso le da garantía de continuidad”. La Administración Pública tiene la obligación de “favorecer que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la formación” y “no perder de vista que el objetivo fundamental de la formación es la mejora de la empleabilidad de quien recibe la formación y garantizar la estabilidad en el empleo de quien está ocupado”. Por ello, Barroso ha concluido afirmando que “es importantísimo el desarrollo que hagamos de la ley” y ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando sobre este aspecto.
Para Alfonso Luengo, Director Gerente de de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, “la formación debe ser cercana, amigable y al servicio de quienes la necesitan, empresas y trabajadores”. En su opinión, “hemos conseguido con el diálogo político sustituir el diálogo social” para sacar adelante una reforma del sistema de formación que tiene como punto esencial “la solidaridad” de las grandes empresas con las pequeñas y de los trabajadores ocupados con los desempleados.
Alfonso Luengo, Director Gerente de de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, ha hablado del antes y el después de la Fundación ante el nuevo marco legal en el que, ha indicado, “se produce un realce funcional” en el que la composición de la Fundación cambia, dependerá no del número de Comunidades Autónomas que acepten estar, sino del Secretario de Estado del Ministerio de Empleo.
Formación para trabajadores y empresas
Por otra parte, Manuel de la Rocha, ha comparado los datos de personas formadas en los últimos años, donde se ha avanzado en este terreno pasando en 1992 de 200.000 trabajadores formados y 33.000 empresas, a los actuales, cerca de 4 millones de trabajadores que hacen formación en España, y cerca de 470.000 empresas. Ha destacado especialmente el papel que la nueva norma tendrá en las pymes, que configuran cerca del 94% del tejido empresarial, y en este sentido, ha recordado que la ley trata de introducir mecanismos que posibiliten abaratarla de forma que sea posible acumular la cuota de formación al menos dos años o que puedan agruparse varios empresarios acumulando sus cuotas.
Una opinión en la que ha coincidido Juan Pablo Lárazo, Presidente de CEIM, para quien “la formación es un elemento clave y estratégico de las empresas”, para la actualización constante de los trabajadores y la mejora de la empleabilidad. Una formación -ha afirmado- que debe estar basada en el “diseño de acciones formativas adecuadas a cada sector y sistema productivo”. «Desde CEIM hemos coincidido con otros agentes en la necesidad del cambio del sistema” porque la “formación es una obligación de los empresarios y un derecho de los trabajadores”.
Finalmente, Irene Navarro, Directora General de Formación de la Comunidad de Madrid, ha explicado que “queremos capacitar para el empleo” y para ello es fundamental la colaboración con las entidades de formación con el objetivo de dar a conocer tanto los certificados de profesionalidad como los contratos para la formación y el aprendizaje. Asimismo, ha recordado la importancia de la teleformación en el ámbito de los certificados de profesionalidad, ya que es la que resulta “más sencilla para que el trabajador pueda acceder a la formación”.
