Acuerdo social, estándar de servicios básico, y empresas responsables y solventes. Estas son las tres premisas sine qua non para que los planes de recolocación funcionen. Así lo recoge el estudio “Transición al empleo en Europa y España en los procesos de reestructuración empresarial. Volver al empleo», que acaban de presentar la Fundación élogos y Lukkap.
Ambas instituciones han estudiado en profundidad el tratamiento que reciben los planes de recolocación externa en la Reforma Laboral de 2012 y una comparativa respecto de la normativa que siguen otros países como Países Bajos, Francia, Bélgica y Alemania.
En concreto, el estudio explica que “la calidad de un sistema general de procesos de recolocación externa, que garantice los derechos de los trabajadores, la colaboración público-privada y la modernización de nuestro sistema de empleo, debería articularse en torno a los siguientes tres pilares”:
1º Acuerdo social: Los planes de recolocación externa deben acordarse entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo y dentro del marco del plan Social. Debería llegarse a un acuerdo que fije los servicios y costes mínimos por cada trabajador, costes que de acuerdo con la experiencia de otros países podíamos considerar como media orientativa en torno a una mensualidad de salario bruto por trabajador.
Este acuerdo debería establecer también mecanismos de seguimiento y evaluación del proceso, siendo deseable que recogiera cuáles son los mecanismos de colaboración público-privada entre las empresas de recolocación y, en su caso, los servicios públicos de empleo, en particular para ofrecer acciones de formación.
Algunos países como Holanda o Francia aportan experiencias muy sugerentes sobre la atención anticipada. Empresas y trabajadores podrían pactar la anticipación en la atención de las personas amenazadas por despidos colectivos. Una medida semejante no tendría por qué tener coste añadido para la empresa en reestructuración, mejoraría el clima laboral, reduciría las caídas de ingresos de los trabajadores que pierden sus empleos y ayudaría a toda la sociedad conteniendo el gasto en prestaciones por desempleo.
2º Empresas responsables y solventes: Experiencias como la de Flandes muestran que buena parte del éxito radica en poder contar con un sector de operadores privados bien profesionalizados y solventes, con tecnologías y metodologías de calidad. Más allá de la mera autorización administrativa por parte del Servicio Público de Empleo de una empresa como empresa de recolocación, sería deseable que desde el diálogo social, las organizaciones de trabajadores y empresariales convinieran el reconocimiento de empresas de recolocación responsables, que cumplieran ciertos requisitos mínimos, como los siguientes:
– Apoyarse siempre en los acuerdos de empresa y trabajadores.
– Definición adecuada de colocación equivalente.
– Respeto al protagonismo del trabajador en su propio proceso de recolocación o emprendimiento.
– Respeto a la dignidad y privacidad de los trabajadores atendidos.
– rabajo bajo los principios de igualdad y equidad, garantizando una atención especial a los trabajadores con mayores dificultades de acceso a un nuevo empleo como, por ejemplo, los mayores de 45 años.
– Puesta en marcha de sistemas de mejora continua, en particular de formación y cualificación de los orientadores y del resto del personal técnico.
3º Un estándar de servicios básicos que debería incluir: Los Planes de recolocación acordados entre empresas y trabajadores deberían exigir a los operadores privados una carta de servicios personalizados básicos garantizados a cada trabajador atendido, y que al menos debería incluir los siguientes:
– Evaluación psicométrica.
– Elaboración de un diagnóstico de competencias.
– Acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia.
– Plan individual de acción, compartido por el orientador y el trabajador.
– Acompañamiento personalizado en el desarrollo del citado Plan.
– Oferta de un itinerario formativo para el reforzamiento o adquisición de nuevas competencias.
– Acompañamiento en proyectos de emprendimiento y de autoempleo.
Con todo ello se conseguiría que todas las personas afectadas por despidos colectivos reciban atenciones equiparables.
