Son ya varios los colectivos que se suman a las quejas de los afectados por la crisis, por los tiempos de espera en la Seguridad Social y por las negativas en solicitudes de incapacidad permanente. Esta vez, las movilizaciones llegan por parte de pacientes con Ehlers-Danlos (EDS).
Si antes de la pandemia ya más del 95% de solicitudes para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa, obligando a los afectados a acudir a los tribunales, ahora los expertos prevén cifras mucho más graves tras verse endurecidos e incluso alterados los procedimientos.
Según afirmaciones de Fidelitis, grupo español de consultoría legal especialista en obtención de prestaciones sociales: “Recientemente hemos ganado uno de los casos más difíciles que nos hemos encontrado. No podíamos llegar a comprender cómo a un enfermo de Ehlers-Danlos con tantas secuelas se le podían poner tantos obstáculos en el camino”.
A esta disyuntiva se le añade el factor de los niveles. La corporación afirma que la mayoría de solicitudes, en el caso de ser aceptadas, no se conceden en el grado que realmente le corresponde a la persona, siendo el grado de Gran Invalidez el menos accesible.
Las investigaciones y datos extraídos de las asociaciones con las que el Grupo trabaja, permiten llegar a afirmar a Lorenzo Pérez, experto en cuestiones sociolaborales y presidente de Fidelitis, que:
La situación es ahora más alarmante que nunca. No solamente los procedimientos se han endurecido e incluso alterado (por ejemplo, resolviendo sin que el paciente pase el tribunal médico, privándole así de un derecho), sino que los plazos de concesión se han ampliado gravemente. Algunos enfermos llevan luchando cinco años por algo que les corresponde por derecho.
En el caso de enfermedades raras como es el caso que nos ocupa, la situación es si cabe más caótica ya que, a los ya de por sí plazos desorbitados de este tipo de procedimientos, tenemos que sumar la falta de diagnóstico en unos casos y, sobre todo, la falta de conocimiento de los propios facultativos de la Administración sobre los efectos que puede causar la misma en los pacientes.
Asimismo, el presidente añade que “en el último caso que hemos ganado, como en casi todos los relativos a Ehlers Danlos, tras largos procesos administrativos y judiciales, hemos conseguido una gran invalidez para la paciente. Y yo me pregunto, una persona que necesita la ayuda de terceras personas, que va incluso en silla de ruedas, ¿cómo es posible que tenga que llegar a juicio para que se le reconozca una pensión por incapacidad permanente? Entendería que la Administración, aplicando criterios más duros de evaluación para reconocer los derechos que le corresponden, le hubiera dado una pensión con un grado inferior, una absoluta o, como mínimo, una total para su trabajo habitual, y desde ahí habríamos seguido peleando hasta que se le hubieran reconocido sus derechos en plenitud, pero no darle absolutamente nada no me parece de recibo. Suena a eso, a la sensación generalizada que flota en el ambiente, y es que las evaluaciones se hacen de una forma que nadie logra entender y casi que se deniega como protocolo de actuación para que reclamen los que realmente se encuentren mal (un filtro que parece ser que es el que se está aplicando y que es del todo injusto desde nuestro punto de vista)”.
Es por ello que conocer muy a fondo la normativa y procedimientos y, sobre todo, contar con un equipo especializado de profesionales para asesorar a los afectados en este largo camino, será una máxima si se pretende obtener un resultado óptimo para el enfermo.
