El cierre de los negocios por la pandemia ha provocado que se incrementen las solicitudes de incapacidades laborales, advierte el grupo de consultoría legal, Fidelitis. Un reciente informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, resalta que más de la mitad de los autónomos en España plantea cerrar o reducir plantilla a causa del Covid.
Los datos proporcionados por los expertos revelan que un 72% de los autónomos en España plantean cerrar sus negocios o reducir plantilla. “Los autónomos temen a la pandemia, y ahora todavía más ante la posibilidad de nuevos rebrotes y confinamientos. En la primera oleada, el coronavirus provocó en nuestro país un desastre que se puede apreciar en el último informe del PIB”, afirma Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis y especialista en cuestiones sociolaborales.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de las empresas cayó un 19% en el mes de junio en relación con el mismo periodo de 2019. El Producto Interior Bruto (PIB) se desplomó un 18,5% en el segundo trimestre de 2020 respecto al anterior y retrocedió hasta un 22,1% en tasa interanual en mitad de la pandemia del Covid-19, según publicaba a finales de julio el INE. Sin embargo, las estimaciones de los expertos acerca de las cifras que obtendremos en España para finales de año son “aún más alarmantes”.
Debido a estas cifras tan alarmantes y a las nuevas restricciones por el crecimiento de los contagios en la segunda oleada, son muchos los negocios que ya se han visto en la obligación de cesar su actividad y otros muchos a los que les queda poco para hacerlo.
Así pues, desde el Grupo Fidelitis afirman que: “Antes de la pandemia, muchos pequeños empresarios continuaban con los negocios, a pesar de tener enfermedades que les incapacitaban, realizando un sobreesfuerzo para mantener sus negocios a flote. Con la situación actual (y la que se avecina) se han visto o se verán obligados a cerrar y, por lo tanto, solicitarán las prestaciones por incapacidad laboral que por Ley les corresponda”.
Los expertos vaticinan un considerable aumento de solicitudes que podría colapsar tanto el sistema administrativo como la vía judicial, incrementándose, aún más, si cabe, el ya de por sí elevadísimo número de casos rechazados tras la pérdida de fondos públicos. “Si ya es difícil obtener una incapacidad laboral para la sociedad en general, lo es aún más para los pequeños empresarios, ya que en la Seguridad Social consideran que, por ejemplo, al ser los administradores de las sociedades y tener empleados, su trabajo es más sedentario, algo que todos sabemos que, en general, no sucede así, ya que el pequeño empresario es el que ‘más arrima el hombro’, el que más cafés pone en el bar, el que más ladrillos pone en la empresa de reformas, etc.”.
Es por ello que los especialistas recomiendan comenzar los procesos y solicitudes para la obtención de la incapacidad permanente de la mano de profesionales que puedan “trabajar correctamente el expediente” para evitar las negativas por parte de la Seguridad Social o, al menos, para dejar un caso sólido de cara a la vía judicial a la que, “por desgracia, tantas veces nos aboca la Administración de forma innecesaria”.
