La nueva ley de Formación, aprobada con un elevado consenso parlamentario

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La Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo ha sido recientemente “aprobada con un consenso parlamentario muy alto” lo que coloca a los centros de formación “en una situación protagonista”. Así lo aseguró Jesús Pérez, presidente de AMACFOR-CECAP Madrid, durante la jornada organizada el pasado 24 de septiembre a la que acudieron más de 250 personas de entidades de formación, agentes sociales y administraciones públicas.  Desde AMACFOR-CECAP Madrid se pretende “contribuir a que la formación para el empleo pueda mejorar”.

Una ley para una reforma necesaria

La nueva norma es una ley de consenso para una “reforma necesaria”. Durante su intervención Manuel de la Rocha, diputado del PSOE, aseguró que esta ley “significa un cambio importante a la vez que mantiene una línea de continuidad de un sistema que tiene más de 20 años de experiencia”.

De la Rocha hizo hincapié en el elevado número de personas formadas en los últimos años, en 1992 eran 200.000 trabajadores y 33.000 empresas; actualmente son 4 millones de trabajadores y cerca de 470.000 compañías.

Según explicó, existían algunas disfunciones en el antiguo modelo formativo: marco competencial entre administraciones, falta de planificación y carencias en la gestión. La nueva ley plantea cuestiones importantes como el problema de la gobernanza del sistema, el modelo de cheques de formación o la utilización de centros públicos o el de la financiación.

Hasta ahora la formación se financiaba a través de la ley de subvenciones, en cambio, ahora se abren nuevas vías para la financiación como la ley de contratos.

Por su parte, Jesús Barroso, Subdirector General de Políticas Activas de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), coincidió en que “ha sido una ley con un altísimo consenso parlamentario, y que también ha tenido un altísimo recorrido, que con el trabajo de muchas personas ha intentado dar respuesta a diferentes sensibilidades e intereses a veces contrapuestos”, a lo que añadió, “este amplio consenso le da garantía de continuidad”.

La Administración Pública tiene la obligación de “favorecer que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la formación” y “no perder de vista que el objetivo fundamental de la formación es la mejora de la empleabilidad de quien recibe la formación y garantizar la estabilidad en el empleo de quien está ocupado”. Por ello, añadió Barroso, “es importantísimo el desarrollo que hagamos de la ley” e informó de que el Gobierno ya está trabajando sobre este aspecto.

Para Alfonso Luengo, Director Gerente de de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, “la formación debe ser cercana, amigable y al servicio de quienes la necesitan, empresas y trabajadores”.

En opinión de Luengo, hemos conseguido con el diálogo político sustituir el diálogo social” para sacar adelante una reforma del sistema de formación que tiene como punto esencial “la solidaridad”  de las grandes empresas con las pequeñas y de los trabajadores ocupados con los desempleados.

Formación y empresas

Destacó especialmente el papel que la nueva norma tendrá en las pymes, que configuran cerca del 94% del tejido empresarial. En este sentido recordó que la ley trata de introducir mecanismos que posibiliten abaratarla de forma que sea posible acumular la cuota de formación al menos dos años o que puedan agruparse varios empresarios acumulando sus cuotas.

Una opinión con la que coincidió con Juan Pablo Lárazo, Presidente de CEIM, para quien “la formación es un elemento clave y estratégico de las empresas”, para la actualización constante de los trabajadores y la mejora de la empleabilidad. Una formación, indicó, que debe estar basada en el “diseño de acciones formativas adecuadas a cada sector y sistema productivo”.

Desde CEIM, “hemos coincidido con otros agentes en la necesidad del cambio del sistema” porque la “formación es una obligación de los empresarios y un derecho de los trabajadores”, apuntó.

En la Comunidad de Madrid, Irene Navarro, Directora General de Formación, indicó su intención de capacitar a las personas para el empleo y para ello es fundamental la colaboración con las entidades de formación con el objetivo de dar a conocer tanto los certificados de profesionalidad como los contratos para la formación y el aprendizaje.

Asimismo, Navarro, recordó la importancia de la teleformación en el ámbito de los certificados de profesionalidad, ya que es la que resulta “más sencilla para que el trabajador pueda acceder a la formación”. Un aspecto, el de la formación online, al que también se refirieron De La Rocha y Barroso quien apuntó el “importante esfuerzo” que se ha realizado para que la nueva norma introduzca esta modalidad de formación.


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