Alberto Castilla, Socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa de EY, afirma: “La aplicación de la nueva norma potencia la transparencia y la fiabilidad de los datos de las empresas, ya que la información reportada ahora tiene que ser verificada por un tercero independiente. Si bien es cierto que los inversores tienen muy en cuenta estos factores (transparencia y confianza) a la hora de tomar sus decisiones de inversión, la falta de estandarización de los indicadores de información no financiera contenidos en la Ley imposibilita la comparación rigurosa de los datos de las empresas”.
Del estudio realizado se extrae que el 90% de las empresas analizadas ha ofrecido información adicional a la estrictamente requerida por la Ley y, además, el 65% ha orientado sus Estados de Información no Financiera al cumplimiento de los requerimientos del regulador, frente al 35% de las compañías que lo ha hecho para dar respuesta a las expectativas de todos sus grupos de interés.
No obstante, y a pesar de que todas las organizaciones analizadas describieron sus objetivos y estrategias de negocio, solo el 55% de ellas tuvo en cuenta cuestiones no financieras.
El análisis evidencia, como resultado de esa falta de estandarización, una gran heterogeneidad en el cálculo y presentación de la información, ya que el 98% de los indicadores cuantitativos no financieros tiene más de una forma diferente de medición. Y concluye que en el primer año de aplicación de la norma el 13% de las compañías obtuvo un informe de verificación con salvedades en 2018, principalmente referidas al reporte de beneficios país por país, remuneraciones medias o brecha salarial.
Impacto ambiental
Todas las empresas analizadas ofrecieron información sobre los efectos actuales y potenciales de su actividad sobre el medio ambiente, aunque solo el 74% y el 42% informó, respectivamente, de los recursos económicos y del personal que tiene para la gestión, seguimiento y control de los impactos medioambientales. En cuanto al uso sostenible de los recursos, el 90% detalló medidas de eficiencia energética, y el 45% de las empresas dijo haber consumido energía de fuentes renovables en 2018.
La Ley 11/2018 también exige compromiso de las empresas ante el cambio climático, especialmente en lo relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Así, las 31 de las 35 empresas del Ibex describieron las medidas que tienen para adaptarse a sus consecuencias y para reducir dichas emisiones, e incluso el 87% estableció objetivos concretos de reducción para determinar si las iniciativas implantadas son óptimas o necesitan ser sustituidas.
Impacto social y fiscal
La nueva norma contribuye a una mayor transparencia en materia retributiva y favorece la igualdad, inclusión y la no discriminación. El estudio apunta a que el 94% de las compañías del Ibex 35 analizadas reportó las remuneraciones medias haciendo un desglose por categoría profesional. Sin embargo, el 26% de las empresas no incluyó el dato del Consejo de Administración en los Estados de Información No Financiera, sino que remitieron a fuentes externas donde ofrecían la información.
En cuanto a la estimación de brecha salarial, y dado que la Ley no detalla una forma concreta de hallarla, el 36% de las compañías reportó la información de forma global, mientras que el 29% lo hizo por categoría profesional.
La Ley de Información No Financiera y Diversidad también pide a las empresas que informen sobre las medidas implantadas para prevenir la corrupción y el soborno, y para luchar contra el blanqueo de capitales. El 87% proporcionó la cantidad que aporta a fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y a otras acciones sociales.
En cuanto al obligatorio reporting de información fiscal que exige la nueva norma, el 68% de las empresas reportó información sobre beneficios por país en su Estado de Información No Financiera y el 77% ofreció los datos relativos a impuestos por país. Asimismo, el 90% de las empresas publicó las subvenciones recibidas en 2018.
