Aún queda para que podamos hablar de gafas ‘gratis’ en la oficina en España. Sin embargo, la reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre la puerta a que la empresa tenga que asumir el coste de las gafas graduadas o de las lentillas de aquellos empleados que trabajen frente a una pantalla de ordenador. Una situación para la que conviene ir preparando un presupuesto específico: ¿a cuánto ascendería la factura?
Según el Libro Azul 2020 del Consejo Europeo de Ópticos-Optometristas (ECOO, por sus siglas en inglés), el 55% de los españoles usan gafas graduadas o lentillas. Si trasladamos este dato al ámbito laboral, y teniendo en cuenta que precisamente la exposición a una pantalla puede suponer mayor riesgo de deterioro de la visión, esto quiere decir que al menos el 60% de la plantilla que trabaja en oficina potencialmente adquirirá lentes.
El precio medio de unas gafas graduadas oscila entre los 25 euros para las progresivas y los más de 300, en función de las dioptrías. Si, además, considerásemos las revisiones como parte de la cobertura de la empresa, habría que añadirle a este coste entre 15 y 25 euros más. Es decir, que en total habría que tener un presupuesto mínimo de alrededor de 350 euros por el 60% de los trabajadores al año.
En cualquier caso, esta es una cifra orientativa. Por eso, una buena fórmula para saber si realmente un trabajador requiere de gafas graduadas o lentillas es incluir las revisiones dentro del examen médico anual del empleado.
Una sentencia pionera que afectará a España
Aunque la sentencia responde a una cuestión planteada por un tribunal rumano, teóricamente sienta jurisprudencia al respecto. Lo que quiere decir que en próximamente podríamos ver sentencias en la misma línea en España. En este caso concreto, el trabajador llevaba a cabo sus tareas frente a una pantalla de ordenador, lo que le provocó un importante deterioro de su vista. Tras prescripición médica, cambió a unas gafas de mayor graduación. El trabajador demandó a la empresa para que le reembolsara los 530 euros que costaban las lentes.
Agotada la vía judicial en Rumanía, el Alto Tribunal Europeo decidió que, aunque la normativa interna de la empresa no contemplase el reembolso, éste debía realizarse en virtud de la Directiva 90/270, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Esto quiere decir que cualquier empresa que opere en territorio europeo deberá reembolsar o adelantar el coste de las gafas graduadas o lentillas de cualquier empleado que lo solicite. Una reivindicación histórica en el ámbito de RRHH. Por ello, el siguiente paso es incluir este tipo de medidas de seguridad y salud laboral dentro del presupuesto.
