Cautela y sentido común para aplicar la futura Ley de Igualdad Retributiva

Maite Sáenz29 junio 20185min
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El concepto de brecha salarial es un término jurídico indeterminado que el anteproyecto de Ley de Igualdad Retributiva tampoco aclara por lo que abordar su futura aplicación en las empresas requerirá de cautela y, sobre todo, de sentido común. Así lo ha expresado la Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, Concepción Esther Morales, durante la jornada que sobre la brecha salarial de género y la protección de datos de empleados ha organizado la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADiReLab).

La Talent Tower de ManpowerGroup ha acogido este encuentro de Adirelab que ha reunido a 80 directivos de relaciones laborales de las principales organizaciones del país y que ha contado con la participación de profesionales expertos tanto en el ámbito jurídico como empresarial.

LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO, UNA CUESTIÓN DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES CON CLARA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Repartidos en 2 mesas de debate, en la primera han participado Concepción Esther Morales, Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, Isabel Alonso Matey, Vicepresidenta y miembro del Comité de Gobierno Corporativo de EJE&CON, y Antonio Pérez, Secretario General de Fetico, y han sido moderados por Pablo Tauroni, Director de Relaciones Laborales de El Corte Inglés. Todos ellos han coincidido en afirmar la gestión de la brecha salarial es uno de los principales retos para las empresas españolas, ya que no es una tarea fácil al no existir una metodología común ni parámetros específicos en la normativa que contenga indicadores de medición cuantitativos y cualitativos y, además, hay múltiples factores que pueden explicar la existencia de la brecha como educación, antigüedad, tipo de contrato, ocupación o sector, entre otros. La Ley de Igualdad del 2007 tampoco ha contribuido a reducirla en la medida en que, como ha explicado Antonio Pérez, ni la negociación sindical, que defiende los pluses de antigüedad aún cuando perpetúan la discriminación y la hacen extensiva a las pensiones.

En el plano empresarial, la representante de EJE&CON ha advertido que para reducir la brecha salarial es necesaria la “voluntad empresarial”, mientras que sobre las tan debatidas cuotas ha afirmado que “acortan procesos” pero “pueden devaluar los méritos”. Y en el plano jurídico, la Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid ha apostado por incorporar la perspectiva de género en las sentencias, siendo necesario para ello un esfuerzo importante de formación de los jueces en esta materia. También ha querido llamar la atención sobre el carácter de derecho fundamental que sostiene las demandas de discriminación salarial:

La mujer sólo tiene que aportar un indicio y la empresa es la que tiene la carga de la prueba. Si sumamos el coste de la indemnización, más el daño moral, más la diferencia retributiva podemos encontrarnos con una cantidad importante”.

 

LA PROTECCIÓN DE DATOS, UN PROCESO CONTINUO

La segunda mesa se ha centrado en la reciente entrada en vigor del RGPD y moderados por Carlos de la Torre, of counsel de Baker McKenzie, han participado en ella Mar España, Directora General de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad, y Juan Montero, Director de Competencia, Regulación y Privacidad de Telefónica.

La anterior LOPD se ha tratado como un “toolkit” de estantería -en palabras de Cecilia Álvarez- que ahora, con el RGPD, ha de adquirir una nueva perspectiva. Ahora no se trata de proteger un derecho empresarial sino personal y en el ámbito laboral requiere de una gestión integrada en la estrategia corporativa en constante revisión. La proactividad empresarial es imprescindible ante una posible denuncia. Con estas reflexiones iniciales los ponentes “han entrado en harina” encabezados por Mar España, Directora General de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), que ha declarado que la AEPD afronta el reto de trabajar con los grupos parlamentarios y el gobierno para aprobar de manera urgente el Proyecto de Ley Orgánica en la materia. Además, ha avanzado que en este Proyecto de Ley el Delegado de Protección de Datos en la empresa no tendrá responsabilidad a título personal. La directora ha ofrecido a ADiReLab la oportunidad de trabajar de manera conjunta para aclarar las cuestiones relevantes de protección de datos de empleados y su incidencia en las relaciones laborales.

Juan Montero, Director de Competencia, Regulación y Privacidad de Telefónica, ha presentado su experiencia práctica de adecuación en el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos en relación a los datos personales de los empleados, y ha hecho hincapié en la necesidad de realizar un diagnóstico inicial con la implicación de un equipo de trabajo transversal.


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