“Cada vez más técnicos se ven imputados en Diligencias Previas, de los cuales, cerca de la mitad llegarán a juicio, y una minoría deberá hacer frente a condenas que, aunque no componen ingreso en prisión, dejarán antecedentes penales y pueden conllevar inhabilitación profesional”, comenta Andreu García, responsable de Aspy Prevención.
El Foro debate sobre la responsabilidad penal de los técnicos de PRL, que tuvo lugar el pasado jueves, reunió a expertos en la aplicación de la responsabilidad penal en PRL como Laura Vela Calleja, inspectora de trabajo y seguridad social de Madrid; Ángel Javier Muñoz Marín, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; David Cubero Flores, Magistrado de la Ilma; y Carolina Cardillo, abogada experta en temas de Responsabilidad.
La jornada fue organizada por la Comisión de Prevención de Riesgos de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid como respuesta a la creciente preocupación de los profesionales de la prevención.
Andreu Sánchez aseguró que el motivo más común de la imputación es el “riesgo no contemplado” que se considera al mismo nivel que la causa directa del accidente, aún cuando ésta responda a defectos de mantenimiento o actos inseguros, imprevisibles o temerarios, como colocar tornillos inadecuados en aparato a presión, no asegurar la carga, no reparar un brazo del elevador, realizar una actividad no prevista sin formación, etc. Como explicó, “se les acusa de elaborar informes muy extensos y genéricos, pero cualquier omisión puede ser utilizada bajo la fórmula hipotética de si se hubiera contemplado… no habría sucedido…”.
