La Escuela de Formación de Cecabank certifica a más de 4.000 empleados en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario

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Cecabank, una de las primeras entidades reconocidas por el Banco de España como certificadora de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI), ha formado ya a más de 4.000 empleados de toda la geografía española en los conocimientos y competencias que requiere la ley para trabajar con productos hipotecarios. El personal certificado, no solo ha provenido del sector financiero, sino también del mundo de la consultoría, inmobiliarios o empresas de servicios entre otras.

La Escuela de Formación Bancaria de Cecabank (EFB), institución académica con más de 40 años de experiencia, lleva desde 2012, reconocida como certificadora oficial de MifId II por la CNMV, formando y examinando a todo el personal que presta servicios de inversión y que debe cumplir con los requisitos de experiencia y de conocimientos de ESMA para poder seguir prestando estos servicios.

De esta manera, la EFB pone de manifiesto su amplia capacidad para la certificación de empleados de banca, ya que cuenta con dos certificaciones oficiales: LCCI y Mifid II. Entre las dos formaciones, suma una amplia experiencia como institución certificadora, con más de 17.000 alumnos examinados.

Más protección para el cliente

Los procesos de certificaciones de Cecabank están orientados a reforzar la protección del cliente y responden fielmente a los requisitos de conocimientos exigidos por el organismo competente en cada caso: CNMV o Banco de España, según corresponda. El objetivo final es asegurar que el cliente recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades e intereses.

Entre los objetivos de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se encuentran los siguientes: fomentar un mercado interior cada vez más transparente, eficiente y competitivo; promover la estabilidad en la concesión y contratación de créditos e incrementar la protección al consumidor. De hecho, las notarías toman un papel más relevante en la nueva fase precontractual, al dar asesoramiento gratuito al prestatario sobre la operación que va a firmar.

Según indica la ley, las entidades deben invertir en la formación de sus empleados en materia de crédito inmobiliario, con la finalidad de garantizar que los mismos poseen los conocimientos y competencia adecuados para alcanzar un alto nivel de profesionalidad, valores y principios.

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