Ayer, representantes de Plena inclusión España intercambiaron con el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, una batería de medidas desde las que afrontar una desescalada segura en los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Se busca que el Ejecutivo, en su planificación, tenga en consideración las necesidades y especiales características de este colectivo numeroso (más de 470.000 personas en todo el país) de población especialmente vulnerable.
Desde Plena Inclusión se ha sugerido al Gobierno potenciar planes de contingencia, así como el rediseño, a medio plazo, de los servicios que se están prestando. Además, entre otras medidas solicitan la garantía de provisión de EPI y proponen un estudio de aforos adaptados a la situación, la posibilidad de suspensión temporal de actividades, una necesaria flexibilización de horario, el refuerzo financiero del apoyo público y un aumento de ratios y plantillas
“Nos hemos visto obligados como personas, familias y organizaciones a dar respuestas muy rápidas y radicales que han sido costosas para toda la población, pero con especial padecimiento para las personas y colectivos más vulnerables”, ha destacado Santiago López, presidente de la de Plena inclusión España.