Con la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar con planes de igualdad LGTBI en un plazo de 12 meses. Además, deberán incluir protocolos contra el acoso y la violencia hacia este colectivo.
La nueva normativa exige que las empresas desarrollen un protocolo, que debe ser previamente negociado con los representantes de los trabajadores. El plazo que otorga el Gobierno para implantar esta medida es de 12 meses desde su aprobación el pasado 2 de marzo.
El documento debe recoger las medidas y recursos que pone a disposición cada empresa para garantizar la igualdad del colectivo LGTBI+. Asimismo, debe especificar cuál sería el protocolo de actuación para prevenir, detectar y actuar ante cualquier muestra de acoso sobre estos trabajadores.
Otras medidas que recoge esta ley son la implementación progresiva de indicadores de igualdad sensibles al colectivo LGTBI+ o la creación de un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen en políticas de igualdad, entre otras.
El coordinador del Grupo de Laboral de la Federación Estatal LGTBI+, David Senabre, considera que esta medida “es imprescindible para erradicar la discriminación hacia las personas LGTBI+ en el ámbito laboral de forma efectiva. Y es que, no es suficiente con combatir las agresiones que se detecten, sino que hay que trabajar para que los espacios de trabajo sean entornos seguros en los que las personas LGTBI+ podamos visibilizarnos con la certeza de que nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género no va a suponer un obstáculo en nuestra carrera profesional, ni en las relaciones humanas dentro de la empresa”.
Las dificultades a las que hace frente este colectivo en el ámbito laboral
Según un estudio de la OCDE, las personas LGTBI+ tienen un 7% menos de probabilidades de estar empleadas, sus ingresos laborales son un 4% más bajos y tienen un 11% menos de oportunidades de ocupar un puesto directivo alto.
La situación de las personas trans, en concreto, es aún más desfavorecedora. Según la FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), 4 de cada 10 personas trans han sufrido discriminación a la hora de buscar empleo, y casi 8 de cada 10 en el caso de las mujeres trans.
La vocal de empresas de la Federación Estatal LGTBI+, Niurka Gibaja, también valora de manera positiva esta ley. En especial, el hecho de que sea obligatorio “diseñar medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo, con especial atención a las mujeres trans.” También resalta la obligatoriedad de crear “estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral o la elaboración de planes de igualdad y no discriminación en los que se incluirá expresamente a las personas trans”.
