Tras nueve trimestres consecutivos de variación negativa del PIB, España ha vuelto a lograr una modesta tasa de crecimiento positiva que, previsiblemente, se irá afianzando en 2014. Pero para que no sólo abandonemos la recesión sino que salgamos verdaderamente de la crisis, “será necesario abordar, a corto y a medio plazo, numerosos retos que exigen cambios de gran calado en las empresas, en la educación y en el sector público. Solo de ese modo mejorará la competitividad del tejido productivo y la eficiencia de las instituciones y empresas, ayudando a crecer más y mejor, y a reducir los riesgos de exclusión laboral y social existentes”. Así lo indica el tercer Informe 2013 Fundación BBVA-Ivie sobre Crecimiento y competitividad, enmarcado en el Programa de Investigaciones Económicas que desde hace casi dos décadas desarrollan conjuntamente ambas instituciones. El Informe ha sido elaborado por un equipo de investigadores y técnicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), y dirigido por Francisco Pérez, Catedrático de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie.
El Informe señala dos grandes objetivos para que España pueda competir en el mundo actual y alcanzar una etapa de desarrollo duradero:
– promover una competitividad avanzada y duradera,
– e impulsar un crecimiento generador de empleo e incluyente.
Y también lanza 15 propuestas para alcanzarlos:
1. Promover la inversión en intangibles. Es necesario concienciar y sensibilizar a quienes toman decisiones en las empresas de que los activos intangibles son especialmente productivos. España necesita extender sustancialmente por todo su tejido productivo el uso intensivo de la información digitalizada, la I+D, el diseño de nuevos productos, la investigación de mercados, la organización empresarial y la formación en la empresa.
2. Formación continua para empresarios: Pymes y autónomos. Como complemento fundamental a la inversión en intangibles se necesita impulsar decididamente la formación continua de los empresarios y los autónomos, y la profesionalización de la gestión mediante la contratación de directivos y su formación a lo largo de la vida profesional. La escasa formación de quienes toman decisiones representa un riesgo financiero, más elevado en los empresarios autónomos que inician actividades sin un apoyo adecuado.
3. Formación empresarial para titulados superiores. Promocionar el capital humano de mayor cualificación a los puestos de decisión de las empresas mediante la contratación como directivos de titulados superiores, el fomento de las vocaciones empresariales y la formación como emprendedores de parte de los universitarios, para lo que se requiere una colaboración estrecha entre empresas y universidades.
4. Apoyo a la exportación y a la internacionalización. Extender las ventajas y oportunidades de la internacionalización asociadas a la fragmentación de las cadenas de producción mediante programas de formación y el desarrollo de instrumentos financieros adecuados -créditos, avales- para abordar proyectos cuya maduración puede ser larga, elevando por esa vía el número de empresas españolas que acceden a los mercados internacionales. Aprovechamiento del creciente número de universitarios españoles en países desarrollados.
5. Atraer inversión extranjera directa. Atraer a España actividades y fragmentos de las cadenas de producción en las que tenemos ventajas competitivas mediante la difusión entre los inversores internacionales de nuestras ventajas de coste y oferta de recursos. Facilitar con complementos de formación la empleabilidad de los recursos humanos, y abordar de una vez las reformas necesarias para crear un entorno favorable a las empresas.
6. Retener y recuperar talento. Para tener incentivos a retener y recuperar el talento las empresas han de aumentar el volumen de actividades de intensidad tecnológica, media y alta, mediante el empleo creciente en los puestos directivos, técnicos y profesionales de personas con la titulación adecuada. Ese proceso ha de ser facilitado por las instituciones de educación superior, mejorando la empleabilidad de los titulados.
7. Apoyo selectivo a la I+D+i. Reforzar la presencia del conocimiento en la sociedad y la economía mediante la mejora de la formación de los formadores, la generación de nuevos conocimientos y su uso por las empresas. En las actividades de I+D, seriamente afectadas por la crisis, se requieren apoyos selectivos -públicos y privados- basados en la capacidad de producir resultados y transferirlos al tejido productivo.
8. Flexibilidad, interna y externa. Promover un cambio cultural -entre los empresarios, los trabajadores, los asesores, los jueces- hacia la flexiseguridad, es decir, a favor de la mejora de la capacidad de adaptación de las empresas y de la flexibilidad tecnológica de sus organizaciones y empleados, acompañada de garantías de seguridad para los trabajadores en la aplicación de la regulación.
9. Prioridades en el gasto público. La estabilidad presupuestaria contribuirá más a la competitividad si va acompañada de una priorización de gastos adecuada, con horizontes de largo plazo. Se necesita preservar la regularidad del esfuerzo inversor del sector público en capital humano, infraestructuras e intangibles, y definir políticas de Estado en los ámbitos que son prioritarios, protegiéndolas del ciclo económico y del ciclo político.
10. Evaluación de políticas. Extender las prácticas de evaluación de las políticas públicas en España para mejorar la información, la transparencia y la confianza en su calidad que se deriva de la competencia profesional de quienes las diseñan y analizan, como ejemplo del buen gobierno de los asuntos públicos.
UN CRECIMIENTO INCLUYENTE
Los expertos de la Fundación BBVA y del Ivie advierten sobre los efectos negativos que las medidas para mejorar la competitividad española puedan tener sobre grupos sociales con desventajas competitivas en los mercados de factores actuales, como los trabajadores menos cualificados que se enfrentan a las mayores tasas de paro. “Es peligroso ignorar los riesgos que representa para el desarrollo a largo plazo no lograr un crecimiento incluyente –explican-, de cuyos frutos participe toda la población”. Los autores proponen 5 actuaciones para corregir estos “efectos colaterales”:
11. Políticas activas de empleo ambiciosas. Es imprescindible desplegar acciones especiales de formación y fomento del empleo (información de oportunidades, mejora de la gestión de la intermediación y fomento del trabajo a tiempo parcial) dirigidas a los desempleados menos cualificados, para reducir la exclusión laboral y la dependencia de los subsidios públicos o la asistencia social privada. Impulso a las iniciativas de emprendimiento acompañado de apoyo formativo que reduzca el riesgo de promover proyectos inviables a medio plazo.
12. Comprometer a toda la sociedad en la formación de los parados. Se necesita movilizar los recursos del sistema educativo reglado y no reglado, de las empresas y de los medios de comunicación, para el reciclaje de personas con carencias básicas en comprensión lectora y matemáticas, idiomas e informática y así evitar la exclusión laboral. El sistema educativo puede ofrecer sus instalaciones y profesionales, las empresas pueden orientar a los desempleados sobre qué demanda el mercado de trabajo, y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permitir llegar a audiencias muy amplias.
13. Reforma fiscal y lucha contra el fraude. El sistema fiscal español debe convertirse en un conjunto de impuestos coordinados, comprensibles y con mayor capacidad recaudatoria. Debe abordarse una simplificación de los impuestos, ampliando las bases y eliminando deducciones sin poner en peligro la recaudación, y luchar contra el fraude, mejorando la coordinación internacional y la corresponsabilidad interterritorial de las distintas administraciones.
14. Garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales. Garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales a todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, en especial a las que padecen riesgo de pobreza. Ajuste de las políticas de tasas y copagos orientadas a incentivar la corresponsabilidad para evitar un acceso restringido a ciertos colectivos.
15. Garantizar la sostenibilidad financiera del sector público. Garantizar la sostenibilidad financiera del sector público con reformas de sus ingresos y reglas de gasto para seguir manteniendo las funciones básicas de pensiones y sanidad al servicio de todos los ciudadanos, en particular en la cobertura de riesgos individuales y en la igualdad de oportunidades también para las generaciones futuras.
+info:
– Puedes descargar el informe completo en este enlace.
– Puedes descargar el informe ejecutivo en este enlace.
