4 claves para entender el nuevo “cheque formación”

Maite Sáenz26 marzo 20153min

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El Real Decreto-ley 4/2015, publicado el lunes 23 de marzo en el BOE, está llamado a ser el comienzo de una profunda reforma en el sistema de Formación Profesional para el Empleo. El texto no es definitivo ya que se tramitará como proyecto de ley (lo que significa que podría ser modificado por otros grupos parlamentarios) y deberá ser convenientemente desarrollado por los Ministerios de Hacienda y de Empleo. No obstante, su redacción inicial ya apunta el objetivo del legislador, siendo de especial relevancia la introducción del “cheque formación”. De la mano del Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM) enumeramos sus principales características:

¿QUÉ ES EL “CHEQUE FORMACIÓN”?

Se trata de una nueva herramienta que se pone a disposición de los servicios públicos de empleo competentes en materia de formación. Servirá como alternativa a las convocatorias de subvenciones públicas, permitiendo a los usuarios una mayor capacidad de decisión individual.

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ÉL?

Según este Decreto-ley, podrán recibir el cheque “los trabajadores desempleados que, de acuerdo con su perfil, precisen realizar acciones formativas concretas para mejorar su empleabilidad”. Al parecer, el gobierno ha manifestado su intención de aplicar también este sistema a los trabajadores ocupados en un futuro pero, por el momento, quedaría circunscrito a los desempleados.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los trabajadores desempleados que reciban el “cheque formación” podrán elegir la entidad formativa a la que desean entregárselo, a cambio de poder cursar su acción formativa en la misma.

¿ENTRE QUE ENTIDADES FORMATIVAS SE PODRÁ ELEGIR?

Según el texto, las entidades tendrán que cumplir con unos requisitos de acreditación y/o inscripción y deberán ser seleccionadas por la Administración para formar parte del correspondiente sistema de información y seguimiento si desean contarse entre las entidades seleccionables. En este sentido se mantiene el modelo actual, que exige a los formadores estar acreditados como entidades colaboradoras para poder tramitar la bonificación de sus programas.

 


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